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El sindicato alude al “incumplimiento” de los acuerdos a ejecutar ya adoptados
CCOO no asistió a la Mesa de Negociadora celebrada ayer “dada la actitud unilateral e impositiva que viene desarrollando la Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos”.
El sindicato justifica esta decisión ante el “reiterado incumplimiento a ejecutar los acuerdos adoptados y la no realización de bases genéricas destinadas a las diferentes convocatorias de traslados, ascensos y ofertas públicas de empleo, persistiendo la Dirección General de personal en su actitud de no asumir sus compromisos en la propia Mesa Negociadora”.
Este “repetido incumplimiento” de la obligación legal de hacer llegar a la representación social la información solicitada ha llevado a CCOO a recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para así recibir dicha información.
Otro de los motivos alude a la “no activación de las comisiones acordadas en Mesa de cara a afrontar los diferentes procesos de estabilidad del empleo público que acabe con la situación de precariedad en la que se encuentran empleados públicos desde hace más de una década”.
También se muestran en contra de la “total falta de previsión en materia de gestión de personal, en la que no se tienen en cuenta la precariedad de los servicios de esta Administración, así como las necesidades reales de la misma”. Ello, añaden, a pesar de las “reiteradas solicitudes realizadas por parte de la representación social para que se ajusten a lo establecido en las leyes, acuerdos y pactos que nos vertebran”.
El sindicato también denuncia la “constante, y reiteradamente denunciada injerencia de personal de empresas privadas, planes de empleo y colaboraciones sociales en las actividades propias a desempeñar por los empleados públicos, que entendemos, además de ser realizadas en fraude de ley que suponen una mayor merma tanto en la calidad del servicio como en la creación de unas bolsas de trabajo efímero y mal retribuido”.
CCOO también lamenta la “repetida negación a poner en marcha los mecanismos encaminados al desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos y la elaboración de la tan ansiada RPT o Relación de Puestos de Trabajo”.
Otros aspectos aluden a la “negación sistemática a la realización de un Reglamento de segunda actividad que cubra a los empleados que realizan trabajos de mayor desgaste tanto físico como psíquico” o la puesta en marcha de mesas negociadoras con la “única intención de cubrir el expediente” por imperativo legal”.
