Sr. consejero:
He leído sus recientes declaraciones tras las reuniones mantenidas en Madrid para abordar el problema de la vivienda en Ceuta. Como ciudadano, y especialmente como alguien que ha seguido durante años la evolución de las políticas urbanísticas y de vivienda en nuestra ciudad, confieso que me producen una sensación difícil de ocultar: la de estar escuchando una vez más promesas de futuro mientras permanecen sin explicación suficientes decisiones del pasado.
Resulta difícil no compartir el diagnóstico. Ceuta tiene un grave problema de vivienda. Lo padecen los jóvenes que no pueden emanciparse, las familias que no encuentran alquileres asequibles y quienes ven cómo el acceso a una vivienda digna se aleja cada vez más de sus posibilidades económicas. Lo que resulta más complicado es aceptar que se presente la falta de suelo o de financiación como la única causa del problema.
Durante los últimos años se estudiaron fórmulas que permitían incrementar la oferta residencial sin perder la titularidad pública del suelo. Entre ellas se encontraba el derecho de superficie, una herramienta ampliamente utilizada por las administraciones públicas para compatibilizar la construcción de viviendas con la conservación del patrimonio colectivo. Aquellas iniciativas ofrecían la posibilidad de construir, atraer inversión privada y mantener el control público sobre terrenos estratégicos. Sin embargo, fueron abandonadas sin que los ciudadanos hayan recibido una explicación convincente de los motivos.
La cuestión no es únicamente que dichos proyectos no prosperaran. Lo verdaderamente preocupante es que tampoco fueron sustituidos por alternativas equivalentes. Mientras tanto, parcelas públicas permanecieron sin desarrollar, promociones anunciadas nunca llegaron a ejecutarse y oportunidades reales para aumentar la oferta de vivienda desaparecieron sin dejar resultados tangibles.
A ello se suma una circunstancia difícil de ignorar. En una ciudad con una evidente escasez de suelo, han continuado apareciendo propuestas orientadas a la venta o enajenación de patrimonio público. Resulta legítimo preguntarse si la prioridad debe ser desprenderse de unos terrenos que nunca podrán recuperarse o, por el contrario, emplearlos para desarrollar políticas públicas de vivienda capaces de generar un beneficio permanente para la ciudad.
La contradicción es evidente. Por un lado, se reclama más suelo al Estado y mayores recursos económicos. Por otro, se desaprovechan mecanismos que permitían actuar sobre terrenos ya disponibles y se mantienen abiertas fórmulas que reducen progresivamente el patrimonio público del que podrán disponer las generaciones futuras.
La vivienda constituye probablemente el principal desafío social de Ceuta. Precisamente por ello exige algo más que reuniones, anuncios o declaraciones de intención. Exige continuidad, planificación y, sobre todo, coherencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo qué se pretende hacer en el futuro, sino también por qué no se ejecutaron proyectos ya estudiados, por qué se renunció a determinadas alternativas y qué razones justifican que, tras años de discursos similares, los resultados sigan siendo tan escasos.
Nadie discute la necesidad de reclamar más recursos al Estado. Pero antes de exigir nuevas herramientas convendría explicar qué se ha hecho con las que ya estaban disponibles. Porque el problema de la vivienda en Ceuta no puede atribuirse únicamente a la falta de suelo o de financiación. También guarda relación con decisiones adoptadas, proyectos abandonados y oportunidades desaprovechadas que merecen una explicación pública.
Los ciudadanos no necesitan más anuncios. Necesitan resultados.
Atentamente,
Un ciudadano preocupado por el futuro de Ceuta.
