La presión existente sobre los juzgados de Ceuta tras la entrada de miles de personas de Marruecos que sortearon el espigón del Tarajal a finales de julio tiene su consecuencia directa.
La carga es elevada. Si de normal, en un mes de agosto, una guardia podía traducirse en la presentación de dos o tres detenidos de media diaria, ahora se ha pasado a jornadas en las que se afrontan entre 15 y 20 casos distintos.
El 95% tiene que ver con las personas que cruzaron a Ceuta desde Marruecos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó asociar a estas personas con la delincuencia. Nadie lo hace, pero es un hecho objetivo que un tanto por ciento elevado de los que accedieron a la ciudad y permanecen en ella están protagonizando enfrentamientos entre ellos o tienen a sus espaldas requisitorias cursadas por distintos juzgados de España que los reclaman.
El hecho de haber cruzado y haber sido reseñados en alguna acción policial termina haciendo aflorar su identidad y las causas que la rodean.
Fin de semana de peleas, agresiones y lesiones
Solo este pasado fin de semana, la Policía Nacional tuvo que intervenir en más de una decena de servicios relacionados con esta población, derivados de lesiones, riñas o peleas.
En muchos de estos casos, al ser presentados ante la autoridad judicial, se comprueba que o tienen causas pendientes judiciales u órdenes de prohibición de entrada en territorio nacional que, evidentemente, han sido incumplidas.
En varios casos, se ha verificado que las requisitorias son de juzgados de diferentes puntos de la Península.
Este fin de semana, la Guardia Civil detenía a uno de estos marroquíes al que le constaba una orden de localización y detención dictada por un juzgado de Torrejón de Ardoz por una causa de 2010 relacionada con una agresión sexual.
Refuerzos en Justicia y peticiones de CCOO
Esta situación llevó a que Justicia haya reforzado los juzgados de Ceuta ante el repunte de casos que está habiendo relacionados directamente con la avalancha, con las miles de entradas de marroquíes por el espigón del Tarajal, que han derivado en más sucesos, más detenciones y, por tanto, más resoluciones judiciales, buena parte de ella relacionadas con agresiones sexuales.
CCOO-Justicia ha reclamado mejoras y medios para abordar esta situación, ya que “está provocando un incremento sustancial de las cargas de trabajo en las oficinas judiciales, fiscales y otros servicios, especialmente en el ámbito penal (tanto de instrucción y juzgados de guardia como de enjuiciamiento), sin que dispongamos de datos concretos del incremento de atestados policiales, denuncias o partes facultativos de asistencia médica recibidos en el Tribunal de Instancia ni del incremento en el número de juicios rápidos, delitos leves o diligencias previas”.
“Sea cual fuere la concreción de este dato de incremento de las cargas de trabajo, el mismo requiere el nombramiento de personal de refuerzo de los cuerpos generales y de LAJ adecuado y, como se ha hecho en el caso de Médicos Forenses, preferentemente con personal titular con experiencia procedente de otros territorios”.
“También tenemos conocimiento de varias solicitudes de comisiones de servicio efectuadas por personal de los Cuerpos Generales que tiene su residencia habitual y su familia en Ceuta y que, por haber superado recientes procesos selectivos, se encuentra destinado en otros ámbitos territoriales y que, en gran parte motivado por la ausencia de convocatorias de concursos de traslado (ni se convocó el concurso de 2025, ni se ha convocado aun el de 2026 a pesar de que el Reglamento Orgánico de provisión de puestos de trabajo obliga a hacerlo en el primer trimestre de cada año), no ha podido trasladarse desde sus destinos actuales a Ceuta”, explica la sección sindical.
Por último, señalar que “la tensión laboral y personal provocada en los empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia (especialmente en el ámbito penal), justifica sobradamente la aprobación de un Programa Concreto de Actuación, cuyo cumplimiento de objetivos se retribuya con el Complemento de Productividad previsto en el artículo 516, B, 2º a de la LOPJ”.
