La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona, Girona y Tarragona una organización criminal dedicada a gestionar parejas de hecho falsas para ciudadanos extranjeros, la mayoría procedentes de Marruecos, que pagaban hasta 10.000 euros por conseguir la documentación.
La operación, culminada esta semana, se salda con 37 detenidos y la detección de 132 expedientes fraudulentos, lo que habría generado un beneficio superior al millón de euros.
Modus operandi: certificados falsos y citas ante notario
La investigación revela que los inmigrantes entraban en España pocos días antes de la firma ante notario. Para aparentar convivencia, presentaban certificados de empadronamiento falsos obtenidos gracias a la red. Después, formalizaban la pareja de hecho con una mujer española, paso que les permitía iniciar trámites de residencia y arraigo.
Según los agentes, la trama estaba jerarquizada:
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Cabecilla y colaboradores coordinaban la logística y el flujo de dinero.
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Reclutadoras españolas localizaban mujeres dispuestas a recibir unos 1.000 € por firmar la unión.
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Intermediarios marroquíes captaban compatriotas interesados en regularizar su situación de forma exprés.
La Policía practicó dos registros –uno en Girona y otro en Tarragona–, incautando documentación falsa, justificantes bancarios y listados de candidatos dispuestos a pagar.
Delitos y posibles derivaciones
Los arrestados se enfrentan a cargos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones ni la revisión de más expedientes de pareja de hecho tramitados en los últimos años.
Fuentes policiales subrayan que este tipo de fraude “distorsiona el sistema legal de residencia” y perjudica a quienes buscan regularizarse por vías legítimas. Además, recuerdan que los participantes, incluidas las personas que se prestan a fingir la relación, pueden ser sancionadas con penas de cárcel y elevadas multas.
Las autoridades alertan a notarios y registros civiles para reforzar los controles de veracidad en las declaraciones de convivencia y evitar que nuevas redes se aprovechen de resquicios legales para lucrarse con la necesidad de regularización de inmigrantes.
