El Gobierno ha anunciado su intención de aprobar inicialmente el PGOU en una sesión plenaria a celebrar el próximo día siete de agosto.
Según un comunicado de Caballas “adoptar una decisión política de esta trascendencia de manera precipitada y semiclandestina, sólo se puede calificar de tremenda irresponsabilidad. El documento que se pretende aprobar, elaborado en el año 2008, es un documento obsoleto (muchas de las medidas contempladas ya han sido desechadas), incompleto (elementos claves están sin desarrollar o simplemente son inexistentes), e incoherente (entra en contradicción con otras previsiones). El modelo de desarrollo urbano no ha sido sometido a debate y, lo que es aún peor, está fuera de unas coordenadas económicas realistas, lo que lo convierte en un montón de planos inservibles”.
Desde su punto de vista “para colmo de males, y por aplicación del artículo 120 del Reglamento de Planeamiento, automáticamente quedarán suspendidas las licencias en todas las áreas sometidas a modificación, durante dos años. Esto supone paralización de inversiones, un nuevo freno al desarrollo de la Ciudad, más paro y más desesperación. Tras catorce años de retraso, y seis con el documento congelado, las carreras de última hora sólo se pueden entender si se pretenden “encarrilar” algunos pelotazos antes de que termine la legislatura”.
Caballas exige al Gobierno que deponga su actitud y que este asunto se aborde con el rigor que merece. Que se explique bien a la ciudadanía lo que se quiere hacer con la Ciudad (sin ocultar la verdad detrás de incomprensibles mapas y datos técnicos). Que se fomente un debate constructivo, y que, en la medida de lo posible, se busque el consenso.
Caballas comenzará una labor explicativa a través de los medios de comunicación de las consecuencias que se derivan de las medidas contempladas en el documento que se pretende aprobar.
