La coalición Caballas quiere aprovechar la reforma del Reglamento de la Asamblea para dar “más fluidez y agilidad” a los debates en la Cámara autonómica (promoviendo la participación de “todos los diputados en los debates plenarios”) y para introducir una modificación del modelo de Sesión Plenaria ordinaria para que se celebren dos al mes: una “de proposiciones” en la que se someterían a la consideración de la Corporación todas las propuestas presentadas por los Grupos Políticos con al menos una semana de antelación; y otra de fiscalización en la que el Gobierno respondería a las interpelaciones presentadas por los grupos con, al menos, una semana de antelación.
Según han adelantado fuentes de la formación que lidera Mohamed Ali, los localistas abogarán también por la supresión de las denominadas propuestas o mociones de urgencia. Caballas también es partidaria de que la renovación del Reglamento sirva para plasmar en su nuevo texto “la distribución de competencias entre la Asamblea, el Consejo de Gobierno y el presidente”. En concreto, la coalición propondrá “que las decisiones de mayor importancia en materia de Contratación (contratos de larga duración y elevado importe) y recursos humanos (aprobación de plantillas y sistemas de provisión de plazas) correspondan al Pleno de la Asamblea”. La formación localista apuesta igualmente por modificar el sistema de elección de los titulares de las Vicepresidencias Primera y Segunda de la Mesa Rectora, establecido actualmente en una sola votación en la que obtienen esos puestos los dos candidatos con más apoyos. Para la coalición “es necesario, atendiendo a un elemental espíritu democrático, que la oposición esté representada en la Mesa de la Asamblea, tal y como sucede en todos los parlamentos del mundo”. “Regular” la posibilidad de que los grupos puedan enmendar las propuestas elevadas a Pleno, una posibilidad que en la actualidad no existe, es otra de las aspiraciones de Caballas, que quiere hacer lo propio con la capacidad de propuesta de los grupos parlamentarios en base a tres criterios al margen de la eliminación de las mociones de urgencia: marcar una diferencia cara “entre propuesta y declaración institucional”; limitar a una propuesta y una declaración por grupo y Pleno ordinario la capacidad de cada uno; y establecer el procedimiento de la propuesta previo sometimiento a Comisión Informativa.
Cambios en el régimen sancionador y el pago de la compensación
A. Q. ceuta Caballas también pretende que la reforma del Reglamento de la Asamblea sirva para “modificar algunas cuestiones relativas al régimen de los diputados”, en concreto su régimen sancionador y el de compensaciones económicas. Actualmente los miembros de la Corporación pueden ser castigados con “multas de hasta 90 euros” y “suspensión de funciones hasta dos meses” cuando incurren en comportamientos tales como dejar de asistir al Pleno o a las Comisiones Informativas “reiterada y voluntariamente”; haber sido expulsados del Salón de Plenos y negarse a abandonarlo; infringir “grave y reiteradamente” las normas de disciplina parlamentaria; “vulnerar” el deber de sigilo que les es exigible; “portar armas dentro del Palacio de la Asamblea; o “incumplir” el régimen de incompatibilidades previsto. Está regulado que las sanciones “se impondrán por el Pleno en sesión secreta, oída la Junta de Portavoces y a propuesta de la Mesa, siempre de forma motivada y previa audiencia del interesado”. En todo caso una sanción nunca puede impedir a un diputado “asistir a sesiones en las que se debata y vote una cuestión de confianza, de una moción de censura, el presupuesto general o el estado de la Ciudad”. Con respecto a las compensaciones económicas, el Reglamento vigente establece que los diputados percibirán por el ejercicio de su cargo representativo “una indemnización por asistencia a Pleno y Comisiones de las que formen parte, además de los gastos que sean indispensables para el ejercicio de sus funciones”. Dicha indemnización asciende a unos 1.200 euros mensuales. Además, los portavoces de cada Grupo Parlamentario tienen derecho a recibir una “asignación complementaria” que ronda los 500 euros. La cuantía y modalidades de estas percepciones las fija el Pleno, oída la Junta de Portavoces, que anualmente y a la vez que la aprobación de los Presupuestos las actualice.
