En una ciudad en la que alquilar una habitación en el centro cuesta unos 300 euros, como en capitales europeas de postín, el programa de
Caballas para las próximas elecciones autonómicas propone “actuar de manera decidida en tres frentes: regularizaciones, construcción de
vivienda nueva y reducción de alquileres”.
Para lograrlo plantea, entre otras iniciativas, la creación del Servicio Municipal de Alquileres “que actúe como intermediario entre caseros y arrendatarios para regular los precios”.
Según ha precisado el candidato a la Presidencia de la Ciudad de los localistas, Mohamed Ali, se trataría de “establecer una serie de perfiles objetivos de arrendatarios y viviendas para que los precios no excedan unos límites razonables que impidan de manera efectiva el derecho al acceso a una vivienda.
El programa de Caballas también se pone sobre la mesa la necesidad de acometer una “revisión” del Programa de Alojamiento Alternativo para “flexibilizar sus condiciones con la supresión del tope temporal actual y adaptarlas a las necesidades de cada familia”.
El programa de la coalición remarca que “disfrutar de una vivienda decente es imprescindible para desarrollar un proyecto de vida digno” y lamenta que, “aunque así lo establece nuestra Constitución, la política de los últimos años ha sido desordenada y clamorosamente insuficiente”.
Los de Mohamed Ali consideran que es conveniente “ampliar las subvenciones para el alquiler dirigidas a jóvenes” y plantean un ambicioso catálogo de cinco propuestas para los actuales ocupantes de viviendas públicas.
Las dos primeras, la “regularización de todas las promociones de viviendas públicas” incluidas las de Príncipe Felipe Juan Carlos I y Juan XXIII, tal y como ha reclamado en el Pleno durante la última legislatura, pero también de las consideradas “fuera de ordenación” susceptibles de ser “legalizables” en barriadas como el Príncipe Alfonso, Recinto Sur o Benzú.
Alquileres de VPO limitados
Además, la coalición apuesta por reducir las cuotas de alquiler de las viviendas públicas a “un máximo del diez por ciento de los ingresos familiares” y por “eximir” del pago de rentas a las unidades que “con ingresos inferiores a los 9.000 euros anuales”.
Finalmente, Caballas se compromete a poner en marcha desde la Ciudad Autónoma un Plan de rehabilitación de viviendas en barriadas que contemple la concesión de ayudas a fondo perdido de 6.000 euros por vivienda y a hacerlas efectivas “en un plazo no superior a tres meses”.
El Brull y Loma Colmenar para 1.500 VPO nuevas
Caballas incluye en su programa como compromiso electoral la construcción de 1.500 viviendas públicas nuevas en Loma Colmenar y el Brull) que repartiría, según detalla con el objetivo de atender a los colectivos sociales que actualmente se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad para acceder a una casa, en un paquete de 200 “para jóvenes”; otras 300 “en régimen de cooperativa para tramos intermedios de renta”; y mil que serían adjudicadas en base a un nuevo Reglamento “que establezca los cupos de colectivos vulnerables y unos criterios de adjudicación objetivos y transparentes”.
“Unos 800 euros” por vivienda con 2 habitaciones en la ciudad
La Consejería de Fomento consiguió a finales del año pasado que el Ministerio permitiese elevar en la ciudad de 600 a 900 euros la cuantía máxima mensual de las rentas subvencionables con ayudas públicas hasta en un 50% en base a un informe en el que cifró en “unos 800 euros” el coste de un piso de dos habitaciones y “por encima de los 600” lo que paga cualquier inquilino.
A esas cifras llegó tras analizar “los principales portales web inmobiliarios existentes en España”, como ‘Idealista’ o ‘Fotocasa’ y “otros servicios inmobiliarios como ‘Servihabitat’, la web de ‘la Caixa’, que en un estudio sobre el mercado de alquiler residencia en España señala a Ceuta con un precio medio de 880 euros para una vivienda de entre 80 y 90 metros cuadrados”.
El coste de alquilar una habitación en un piso compartido en la ciudad ronda los 300 euros, precio por el que se puede acceder al mismo servicio en las primeras capitales europeas, y la rotación continua de empleados públicos con indemnización de residencia mantiene las rentas en niveles desconocidos, por elevados, en buena parte del país.
El PSOE y Podemos pactaron el año pasado elaborar un índice de precios de alquiler de referencia con una metodología objetiva y revisión periódica como base para que las entidades locales pudiesen declarar ‘zonas urbanas de mercado tensionado’ y combatir así “incrementos abusivos de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculicen a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda”.