Caballas reclamará a partir de mañana al resto de grupos políticos una posición común para fijar los criterios de elaboración de la lista definitiva de adjudicatarios de las viviendas protegidas de Loma Colmenar, un proceso llamado a enterrar la polémica relación inicial que fue filtrada a un medio de comunicación sin ser oficial y que ha acabado
con el caso en manos de la Fiscalía. La noche del viernes, durante la celebración de la ruptura del ayuno organizada por su formación, Mohamed Ali reclamó a los líderes de los demás partidos con representación en la Asamblea “ponernos de acuerdo” en la nueva baremación.
El que está legislatura será segundo grupo de la oposición ha dado de margen hasta este lunes porque será entonces cuando eche a andar la Comisión de la Vivienda. Una vez constituida, Caballas asegura estar dispuesta a “sentarse con quien haga falta para reconducir una situación”, recuerda su portavoz parlamentario, “en la que están involucradas muchas personas y muchas familias necesitadas de una vivienda”.
Enviado a la papelera el listado difundido sin consentimiento de Emvicesa, el debate vuelve a planear sobre el sistema idóneo para repartir las 317 viviendas entre los miles de solicitantes. Ali insistió el viernes, una y otra vez, en la receta de la “transparencia”, revisando “expediente por expediente” si es necesario para garantizar la neutralidad más escrupulosa posible y ahorrar, de paso, un nuevo escándalo a la Administración local. Llegados a ese punto, el sorteo entre todos los peticionarios es una posibilidad no descartada. “Es una opción, pero eso lo tienen que decir todos los grupos y yo no he visto unanimidad. Algunos incluso defendían las lista”, apuntaba en una alusión indirecta a MDyC. “Hasta que no pongamos las cartas sobre la mesa sobre las opciones no puedo decantarme, pero Caballas va a defender, por encima de todo, que la adjudicación sea para quien lo necesite”, añadió.
Habrá colectivos, no obstante, a los que habría que respetar su condición preferente. Por ejemplo, a los afectados por actuaciones urbanísticas que se vieron obligados a abandonar sus viviendas, como los vecinos de Escuelas Prácticas, Miramar-Chorrillo o Puente del Quemadero. “Ahí no puede haber sorteo porque son personas con nombres y apellidos que han sido sacadas de sus casas para acometer actuaciones como el Campus. Habrá que saber cuáles son esas actuaciones concretas identificadas, y saber también si se va a tener en cuenta el Programa de Alojamiento Alternativo, y luego ya optar o no por el sorteo”, sugiere Ali.
