El debate más agrio de la tarde se produjo cuando la coalición Caballas preguntó al ex consejero de Hacienda, Francisco Márquez por los acuerdos “privados” para pagar la promoción de viviendas del Hacho. Fue el diputado Juan Luis Aróstegui el encargado de interpelar al consejero y parlamentario por la inclusión en el plan de pago a proveedores de una deuda con la empresa Acciona Infraestructuras por un importe superior a los 900.000 euros, consecuencia de una sentencia judicial en la que se reconoce una revisión de precios a favor de la empresa, adjudicataria en su día de la construcción de estas 86 viviendas.
Aróstegui leyó ante la Asamblea el contenido de un “documento privado”, término que no gustó a Márquez, por el que se reconocía a finales de 2008 una deuda con Acciona de 8,6 millones de euros, de los que 1,9 procedían de una revisión al alza de los precios.
Márquez por su parte subrayó que el documento “privado” estaba avalado además de con su firma por la del gerente de Emvicesa y el interventor de la Ciudad, y que en su momento se consideró que la opción más viable para poder poner a disposición de sus inquilinos las viviendas era establecer un calendario de pago con Acciona, aunque asumió que posteriormente no fue posible acometerlo, razón por la cual se terminó en los tribunales. “Era necesario desbloquear la situación”, insistió Márquez.
Por su parte Aróstegui también se refirió a que, a consecuencia del documento “privado”, la Ciudad ha tenido que asumir una deuda de casi 2 millones de euros “sin que haya un informe técnico que lo avale” y sin embargo a la empresa no se le sanciona por el retraso de las obras, multa que cifró “hasta en 2,5 millones” y que nunca se impuso. Según Aróstegui, Acciona ganó el juicio porque el documento llevaba la firma de un consejero y se asumía explícitamente una deuda. Según Márquez, porque el juez estimó que era legal y procedente elevar las tarifas que la constructora debía percibir por su tarea atendiendo a los condicionantes publicados por el BOE.
Caballas decidió finalmente retirar la moción, en cuya parte dispositiva se pretendía iniciar acciones judiciales para exigir responsabilidades al consejero no sin antes advertir Aróstegui que se reserva el “derecho” a acudir a los juzgados para denunciar al ex consejero de Hacienda si no se atienden las peticiones de información respecto de este tema, del que se volverá a hablar la semana próxima en otra sesión plenaria, y si no queda suficientemente aclarado.
