La coalición Caballas ve en la derogación en la ordenanza municipal del requisito de que sea obligatorio disponer de la cédula de habitabilidad para poder dotar de contratos de luz y agua a aproximadamente 200 viviendas fuera de ordenación.
Su portavoz, Mohamed Ali, insiste en este aspecto como única alternativa ante la negativa del Gobierno de la Ciudad de recurrir la sentencia del TSJA que anula la ordenanza que regula la concesión de las licencias de ocupación de las viviendas. “En muchas partes de España, por ejemplo en Andalucía, se ha suprimido este requisito”, concreta Ali. “Nosotros planteamos que como garantía, para las familias que se encuentren en estas circunstancias, si se cumplen determinados requisitos técnicos en cuando a la idoneidad de la instalación eléctrica o que la vivienda está bien construida, avalados por ingenieros, aparejadores o arquitectos, se pueda contratar esos servicios sin disponer de la licencia de ocupación”. Para el líder de Caballas, el hecho de que en otras autonomías esa licencia, “que es un instrumento obsoleto” se haya suprimido, es la única alternativa: “Hay que eliminarlo de la ordenanza”.
“En una ciudad donde se quiere mantener una condiciones mínimas de dignidad, no se puede mantener a cientos de familias en esa situación”, añade para criticar de nuevo la postura “intransigente”, dice de la Delegación del Gobierno “que se opone a suprimir el requisito de disponer de la cédula pero que no ofrece solución y lo que pretende es dejar en la ilegalidad a estos cientos de familias”.
Por otra parte, y desde el aspectyo formal, para Mohamed Ali, la sentencia del TSJA es un nuevo varapalo para la Ciudad desde el punto de vista jurídico y político “porque de nuevo no somos considerados más que un simple ayuntamiento. Nos pasa lo que nos pasa por no ser comunidad autónoma”.
Entiende Ali que la sentencia “no entra en el fondo del asunto” y que hay muchísimas familias “desperdigadas” por toda la ciudad “que no pueden contratar la luz porque no se le expide la cédula de habitabilidad, cuando es un suministro básico”. Recuerda además que es paradójico que se les impida contratar con las empresas suministradoras de luz y agua “pero sin embargo sí que pagan el catastro, la recogida de basuras y el alcantarillado”, añade. “Lo que planteamos es es que si la administracion se ha visto incapaz todos estos años de construir un parque de viviendas para absorber a estas familias, alguna solución habrá que darles, lo que no puede es darles la espalda”.
"la Delegación solo quiere fastidiar"
De nuevo, el primer partido de la oposición carga las tintas contra la Delegación del Gobierno, a la que responsabiliza de dejar sin alternativa a las familias afectadas, unas 200 según la información proporcionada por la “La Delegación solo quiere fastidiar, es una administración irresponsable, que esto no crea efecto llamada ni legalizar lo ilegal, solo que esas familias contraten su luz. Recuerda Ali que incluso la Ciudad aceptó una alegación de la Delegación a la ordenanza para que esa excepcionalidad no se aplicara sobre viviendas nuevas, “y se aceptó, por lo que no entiendo esta postura que creo que nos sobrepasa a todos”.
La sentencia dice que no se puede eliminar ese requisito de la ordenanza
Pese a que Caballas insta al Gobierno de la Ciudad a dar un paso adelante y eliminar la obligatoriedad de disponer de la cédula de habitabilidad como requisito imprescindible para disponer de agua y de luz en una vivienda, la sentencia emitida por el TSJA, idéntica prácticamente para los recurso de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y de la Delegación del Gobierno, deja claro que no lo ve posible. En su apartado sexto subraya que el argumento de que la cédula ya no se pide en lugares como Andalucía o País Vasco para la contratación de suministros básicos, en ambos casos se trata de comunidades autónomas que firmaron decretos de derogación “en el ejercicio de su potestad reglamentaria”, es decir, de sus competencias. “No es la misma situación”, dice la sentencia refiriéndose a Ceuta, “sino que podemos decir que es exactamente la contraria”. En este caso, el TSJA subraya que el otorgamiento de las cédulas es potestad estatal y que en las comunidades donde se conceden es porque ha habido traspaso de esa competencia.
En esa exposición de motivos de la Ciudad como respuesta al recurso de la Delegación y de los promotores se presentaba este argumento, aunque el fallo judicial adelanta que la supresión de esa exigencia de la cédula no es considerada admisible.
