Caballas ha pedido a la Ciudad que revise el expediente por el que Emvicesa, mediante una encomienda de gestión que considera “no suficientemente justificada”, está tramitando la contratación de las obras de las Áreas de Rehabilitación Integradas (ARI) de las barriadas Santiago Apóstol y Los Rosales, valoradas en unos 8 millones de euros.
La formación reclama que se analice el documento “en su integridad, se esclarezcan todos sus extremos, y se obre en consecuencia desistiendo incluso del proceso en curso, e iniciando uno nuevo ajustado a derecho”.
En una petición por escrito –firmada por Mohamed Ali y remitida al propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas–, Caballas denuncia un “halo de opacidad, que invita irremediablemente a la sospecha” y que, a su juicio, sería síntoma de “una manera sui generis” de actuar que “orilla los mecanismos de control y burla los acuerdos políticos”.
Entre sus argumentos, detalla que “los expedientes de contratación, que se encuentran en fase de adjudicación (se abrieron las plicas el pasado jueves día 6 de agosto), se observan irregularidades”.
La primera, detalla el grupo, habría sido la fórmula “excepcional” de contratar proyecto y obra, que no estaría “debidamente justificada”. “Pero lo que es mucho peor, es que alguien, aún no detectado, dio la orden de modificar el procedimiento de adjudicación pasando de la subasta al concurso”, destaca, pese a que “desde hace dos años aproximadamente, todas las obras de la Ciudad se adjudican por subasta” al ser un sistema “que evita la corrupción y ahorra a las arcas públicas en torno a un 40% del coste inicial de las obras”. Además, la coalición intuye que “adjudicar proyecto y contrato permite eludir la fiscalización previa de la intervención, que con toda probabilidad no hubiera dado el visto bueno al expediente”. Los precedentes de anteriores ARI, que salieron a subasta, cree Caballas que le dan la razón en su petición.
Además, Caballas protesta porque el expediente “carece de un informe que Caballas solicitó sobre la legalidad de que la Ciudad invierta una considerable suma de dinero en la reparación de viviendas privadas sin ninguna aportación de los propietarios”, algo que en el caso de Santiago Apóstol asegura que es “meridianamente claro” ya que el acuerdo bilateral con el Ministerio de Fomento prevé una aportación de los particulares del 18 por ciento. “A pesar de ello, la adjudicación se pretende hacer por el importe íntegro de la obra, lo que además de incumplir el convenio, podría suponer una malversación de fondos públicos”, advierte Ali.
