El Consorcio Rector del Centro Universitario de la
UNED de Ceuta ha acordado este miércoles dejar sobre la mesa todos los pasos dados desde verano para cambiar la situación de su secretario, Enrique Ávila, y “regularizar” sus retribuciones después de que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2017 hiciese incompatible el cobro de la pensión que percibía (Clases Pasivas) con “cualquier otra remuneración con cargo a presupuestos públicos”. El órgano ha paralizado el trámite después de que
Ciudadanos presentase un recurso que iba a ser desestimado y de que
Caballas alegase que no conducía a ninguna parte seguir huyendo hacia adelante cuando el Consorcio no había creado la plaza que se pretendía cubrir con Ávila ni existía dotación presupuestaria para pagarle. Los portavoces de Ciudadanos y Caballas, Javier Varga y Mohamed Ali, han rivalizado en sendas comparecencias sobre los méritos de cada formación en el resultado final. El primero ha destacado que fueron ellos quienes presentaron un recurso frente a “los que se abstienen, los que dicen no pero no hacen más y los que, como el PSOE, se limitan a congratularse por evitar sanciones”. Ali, por su parte, ha resaltado que en las actas podrá constatarse que Aróstegui ha sido quien ha puesto los argumentos que han parado a la mayoría del PP en el Consorcio Rector y se ha mostrado harto de los partidos que “única y exclusivamente aprovechan los argumentos de otros ante los medios”. Varga ha ido más allá en su exposición de lo que revela el caso de Ávila, que según ha recordado se incorporó como secretario de la UNED en 2005 percibiendo 5.000 euros anuales, cantidad que pasó a 45.000 desde 2008. Según Aróstegui, en los Centros Asociados puede haber, según normativa, un tutor que ejerza de secretario con una gratificación o un secretario con plaza que trabaje y cobre como tal.
Para Cs, de esta situación pueden derivarse "todo tipo de responsabilidades"
Parece que hace diez años Ávila empezó a trabajar “a tiempo completo”, de ahí el crecimiento exponencial de sus retribuciones, pero nunca fue dado de alta en la Seguridad Social, lo que le permitía compaginar esos ingresos con la pensión de Clases Pasivas. A juicio de Varga de esa situación sostenida en el tiempo (“por prudencia no voy a hablar de fraude pero sí de manifiestamente irregular”, ha explicado) pueden derivarse “todo tipo de responsabilidades” ante la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo. “Tardaron un año en darse cuenta de la incompatibilidad de la nómina a medida que le hicieron en 2008 al secretario y lo hicieron porque advirtieron los Servicios Centrales de la UNED”, ha alertado Varga, que ha lamentado que en el Centro Asociado todo el mundo, desde la interventora y la secretaria general hasta el secretario pasando por el director “todos dicen no saber nada”. “La gente se preguntará si son tontos y yo creo que los tontos somos los demás”, ha apuntado el diputado. Ahora Ávila iba a pasar a cobrar más, según acordó la mayoría del Consorcio, unos 2.700 euros sin contar residencia y antigüedad (la del grupo A, subgrupo A-1 multiplicada por su número de trienios) tras hacer una “media” de las retribuciones de sus homólogos de Lanzarote, Sevilla, Jaén y Almería. Ciudadanos ha pedido “diversa documentación” antes de decidir si acudirá al Juzgado a otra instancia a “pedir responsabilidades” de un caso “sobre el que alguien tiene que asumir responsabilidades”. Es tan “serio” el asunto que, a juicio de Varga, empaña la existencia de dos tutores que también compaginaban esa labor con el cobro de pensiones y la de nueve profesores que acumulaban al menos tres sueldos públicos incluido el de la UNED, algo inviable legalmente desde 1986.