“Los Ayuntamientos estamos obligados a realizar operaciones de control que nos exige la normativa vigente para constatar la verdadera situación del empadronamiento y la exactitud de los datos”, leyó la consejera, quien enmarcó estas revisiones en un contexto “de puro trámite” de las que, advirtió, “nadie estamos exentos”.
Según Bel está previsto crear un registro específico en el área de Estadística para todas las cuestiones relacionadas con el empadronamiento. “La intención es simplificar los trámites”, resumió, “ya sean de alta, de baja, de cambio o de defunción”.
Asombrado por el tenor de la respuesta, el portavoz socialista en la Asamblea, José Antonio Carracao, recordó que el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ha llegado a apelar a estos supuestos fraudes para justificar que el Estado meta mano en la bonificación al transporte de que disfrutan los residentes y se preguntó “cómo es posible que intente salirse por la tangente con esta explicación legal cuando nuestra pregunta era muy clara: cuántos falsos empadronamientos se han detectado”.
Los traslados de servicios cuestan 142.000 euros
El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, aseguró ayer al portavoz socialista, José Antonio Carracao, que la reorganización de dependencias, organismos y empresas municipales impulsada recientemente por el Gobierno local para evitar gastos prescindibles en alquileres ha ascendido a poco menos de 142.000 euros. “El coste de la adecuación de Correos [alquilarlo costaba 170.000 euros al año] fue, en términos no recuperables, de 40.000 euros”, amplió Martínez, aunque Carracao le volvió a pedir que aportase el coste total, no sólo el que se puede volver a trasladar y se trata, por tanto de un gasto que puede seguir dando rédito. El portavoz gubernamental se comprometió a dar la información desglosada por escrito.
