La portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, ha aclarado que el informe elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia, a instancias del Ministerio de Fomento, por el cual se recoge que una tarifa máxima en el precio de las navieras no respetaría la legalidad, es un dato “significativo”, pero que, no por ello, es determinante en esta cuestión.
Bel ha catalogado de “aportación importante” este dado, pero ha insistido en que es “uno más” de los muchos dentro de los trabajos que se vienen acometiendo tanto por parte de la Ciudad Autónoma como por otras instituciones, “que también hay que tener en cuenta”, añade.
La portavoz del Gobierno ha señalado que los trabajos en el establecimiento de los precios de las navieras “van a seguir su cauce” y que la Ciudad no abandonará su línea de actuación. “Entendemos que este informe es respetable y muy cualificado pero no marca un punto y final y no nos limita los pasos que ya estábamos dando”, concluye.
Los trabajos que lleva a cabo la Ciudad, a través del grupo de trabajo del transporte marítimo de pasajeros, se centran principalmente en el objetivo de que dichas tarifas no rebasen un precio máximo, así como fijar un número de salidas mínimo. El incremento de los precios protagonizados por las compañías el pasado verano llevaba a la necesidad de analizar la viabilidad legal de cara a establecer estos objetivos.
En una de las últimas reuniónes mantenida por el grupo para analizar los trabajos realizados durante los últimos meses entre los técnicos de las administraciones estatal y autonómica se llegó incluso a abordar la situación de la Operación Paso del Estrecho, con la entrada del nuevo puerto de Tánger Med. Esa cuestión ha llevado a que, de momento, no se aborde ninguna cuestión relacionada con el precio máximo, hasta no conocer las consecuencias de la puesta en marcha del puerto marroquí.
