La fiscal adjunta de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez, no dudó en reconocer que España se ha subido tarde al carro en materia de legislación para luchar contra la trata de personas. Por su experiencia en la fiscalía, describe que cerca del 85% de las víctimas por este delito que se detectan en nuestro país son mujeres que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, procedentes de países en vías de desarrollo o del tercer mundo, con un bajo nivel cultural y que son obligadas a prostituirse. “Existe trata porque existe esa demanda de prostitución”, denuncia la fiscal, incidiendo en que para combatir lo que consideró “la esclavitud del silgo XX y XXI”, es necesario una campaña de educación y sensibilización que haga ver los peligros de la prostitución y los problemas que conlleva para estas mujeres este tipo de servicios. “Una sociedad no se cambia con leyes, sino con educación y sensibilización”.
Versó su conferencia en lo que ella considera que son los tres enfoques necesarios que hay que aplicar en la lucha contra la trata de personas: enfoque en los derechos humanos, en el género y en la protección de los niños. Asegura que en este aspecto, sobre todo en la protección de aquellas víctimas que no saben ni siquiera que los son, las entidades “tienen la obligación” de proteger sus derechos y de detectar este tipo de casos que, en la mayoría de las víctimas, siguen un mismo patrón.
En el caso de las víctimas que entran en el país en una situación ilegal, la fiscal es tajante al afirmar que “pese a ser una inmigrante ilegal, no puede ser repatriada”, ya que de esta forma no se garantiza la integridad de esa mujer, ya que vuelve a su país donde están esperándole las mafias que contribuyen a este tipo de negocios.
Con cifras en la mano, aseguró que la trata de personas con fines de explotación sexual mueve cerca de 32.000 millones de dólares al año, convirtiéndose en “uno de los negocios más lucrativos”, sólo por detrás del tráfico de armas y del de drogas.
Durante su conferencia, localizó algunos puntos calientes donde emerge esta trata, como son los países que mantienen algún tipo de conflicto bélico, usando a las personas, ya no sólo con fines sexuales, sino para abastecer de servicios a las milicias que participan de estas guerras, entre ellas a menores de edad.
Una cadena de situaciones internacionales que derivan en un problema que, pese a estar atacándose de manera jurídica, está arraigado de tal manera que aún es difícil vislumbrar su erradicación.
