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La Ciudad explora con Trace romper su contrato de mutuo acuerdo y dejar a Tragsa mientras se licita otro concurso pero no descarta ni la prestación directa
El grado de desesperación del Gobierno que preside Juan Vivas con el nivel del servicio de limpieza pública viaria que presta Trace ha llegado a tal punto que el Ejecutivo no descarta “ninguna” salida “legal” para “mejorarlo”. La única opción que, precisamente porque lo impide la ley, está buera del abanico de posibles soluciones es la de ampliar el contrato adjudicado en 2013, que algo menos de dos años después se mejoró un 10%, el máximo permitido durante toda su vigencia, una década de la que aún faltan por transcurrir seis años.
En la reunión que representantes políticos y técnicos de la Ciudad mantuvieron ayer con la concesionaria que reemplazó a Urbaser se exploró la posibilidad de una ruptura de “mutuo acuerdo” que, sin penalizaciones gravosas para ninguna parte, abra la puerta a una nueva licitación. La Administración calcula que en “dos años” podría elaborar los Pliegos, convocar y resolver el concurso. Durante ese periodo de tiempo, una encomienda de gestión a Tragsa podría servir como solución transitoria. El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, reconoció que esa es “una posibilidad entre muchas” de las contempladas.
“Estamos analizando todas las opciones legalmente viables para mejorar el servicio y su nivel de calidad y lo estamos haciendo en contacto constante con la concesionaria y con los técnicos”, apuntó en declaraciones a este periódico el miembro del Ejecutivo local, que solo descartó la ampliación del contrato y añadió a las posibles opciones contempladas hasta ahora (contratar servicios “complementarios” como los que han hecho el extinto Plan de Empleo Juvenil antes o la propia Tragsa actualmente, multiplicar la exigencia a la empresa cueste lo que cueste en términos sociales...) la de “la prestación directa del servicio”, una medida que ya han adoptado otros Ayuntamientos, incluso del PP, como el de León con la subrogación del personal y un ahorro millonario.
En el caso de Ceuta, el problema no se identifica en el gasto sino, precisamente, en el ahorro que en uno de los peores momentos de la crisis llevó a adjudicar el servicio por 150 millones para diez años, bastante por debajo de su presupuesto de licitación (16,7 millones de euros anuales), ya de por sí inferior al que manejaba Urbaser.
“El contrato es dos millones al año inferior al anterior y tanto a la luz de los informes como de la percepción de cualquiera parece evidente que la calidad de un servicio fundamental ha caído”, asumió ayer Ramos.
Los números de personal disponible también son esclarecedores. Según el secretario del Comité de Empresa de Trace, Juan Gutiérrez, mientras que con Urbaser llegaron a ser “720” los trabajadores en plantilla, actualmente son “alrededor de 345 a jornada completa y unos 40 más a tiempo parcial”.
“Cuando tienes que pintar cien metros cuadrados de pared y solo puedes comprar botes para ochenta puedes echarle agua pero el resultado no va a ser el mismo”, compararon ayer gráficamente fuentes gubernamentales.
Casi desde que empezó a trabajar Trace, una UTE formada por la constructora local ACC y Lirola Ingeniería y Obras, el Comité de Empresa no ha dejado de culpar a los encargados de elaborar los Pliegos de la concesión de haber rebajado demasiado su presupuesto, haciendo posible mantener una prestación similar a la daba Urbaser.
Las críticas sociales, primero por el estado de las barriadas de la periferia y últimamente ya por el de toda la ciudad, no han cesado, así como la rumorología sobre la posible salida, voluntaria u obligada, de la contratista, con la que este periódico intentó ayer contactar sin éxito para conocer su opinión sobre el estado de la cuestión.
