Las colonias felinas representan una prueba de la capacidad de una sociedad para tratar con dignidad a los animales más vulnerables. La Ley 7/2023 ha dejado claro que la protección de estos gatos no puede depender exclusivamente de la solidaridad ciudadana. Alimentarlos, proporcionarles refugio, garantizar atención veterinaria y gestionar sus colonias son responsabilidades que recaen sobre los ayuntamientos. La cuestión ya no es si deben hacerlo, sino cuándo decidirán cumplir plenamente con una obligación que la ley establece de forma inequívoca.
Durante años, las colonias felinas han sobrevivido en un limbo administrativo. Miles de gatos comunitarios han dependido casi exclusivamente de la buena voluntad de voluntarios y asociaciones animalistas que, con recursos limitados, han asumido una responsabilidad que en demasiadas ocasiones las administraciones locales eludían. La aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha venido a cambiar esta situación de forma clara: la gestión de las colonias felinas ya no es una cuestión opcional para los ayuntamientos, sino una obligación legal.
La norma establece que corresponde a las entidades locales desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Esto implica registrar las colonias, controlar su población mediante esterilización, garantizar la atención sanitaria y establecer criterios de alimentación y limpieza adecuados. Además, la ley contempla expresamente la instalación de refugios, tolvas y otros elementos necesarios para asegurar la calidad de vida de los gatos comunitarios.
Sin embargo, la realidad en muchos municipios como el de Ceuta sigue siendo muy diferente a lo que marca la legislación. Todavía existen ayuntamientos que consideran las colonias felinas un problema ajeno, limitándose a tolerar la labor de voluntarios sin proporcionar medios materiales ni apoyo económico. Esta actitud resulta difícilmente justificable cuando la propia ley identifica a la administración local como responsable directa de la gestión.
El debate ya no debería centrarse en si hay que alimentar a los gatos o instalar refugios, sino en cómo hacerlo de forma eficaz y coordinada. La alimentación controlada evita la dispersión de residuos y mejora la salud de los animales. Los refugios reducen el sufrimiento provocado por las inclemencias meteorológicas. La atención veterinaria permite detectar enfermedades, controlar la reproducción y prevenir problemas de salud pública. Todas estas medidas forman parte de una gestión responsable y profesional de las colonias.
Quienes critican estas actuaciones suelen argumentar que existen otras prioridades presupuestarias. Es cierto que los recursos municipales son limitados, pero también lo es que el cumplimiento de la ley no es una cuestión de conveniencia política. Ningún ayuntamiento puede decidir libremente qué obligaciones legales atiende y cuáles ignora. Si la legislación estatal atribuye competencias concretas en materia de bienestar animal, corresponde a los responsables municipales dotarlas de financiación y ejecución.
Además, la experiencia demuestra que la inacción suele resultar más costosa que la gestión. Las colonias no controladas generan un aumento constante de ejemplares, conflictos vecinales y mayores necesidades de intervención futura. Por el contrario, los programas basados en la identificación, esterilización y seguimiento veterinario permiten estabilizar y reducir progresivamente las poblaciones felinas, mejorando la convivencia urbana.
La Ley 7/2023 también reconoce la figura de los cuidadores de colonias felinas y obliga a los ayuntamientos a regular su participación, formación y acreditación. Este aspecto es especialmente relevante porque pone fin a años de inseguridad jurídica para muchas personas voluntarias que realizaban una labor social imprescindible sin respaldo institucional suficiente.
En definitiva, las colonias felinas representan una prueba de la capacidad de una sociedad para tratar con dignidad a los animales más vulnerables. La Ley 7/2023 ha dejado claro que la protección de estos gatos no puede depender exclusivamente de la solidaridad ciudadana. Alimentarlos, proporcionarles refugio, garantizar atención veterinaria y gestionar sus colonias son responsabilidades que recaen sobre los ayuntamientos. La cuestión ya no es si deben hacerlo, sino cuándo decidirán cumplir plenamente con una obligación que la ley establece de forma inequívoca.
