La Consejería de Asuntos Sociales tiene ahora mismo en el programa de alojamiento de emergencia a 71 beneficiarios, a los que se destina al año 90.000 euros para costear su estancia en pensiones y hostales. Además, la Ciudad tiene otras 14 plazas en la residencia de las Adoratrices, por las que abona 66.000 euros al año en concepto de acsa de acogida para víctimas de violencia de género.
Así lo quiso dejar claro ayer la consejera del área, Rabea Mohamed, en respuesta a la propuesta de MDyC para que se modifique el reglamento que regula este alojamiento de emergencia, que en teoría no debe durar más de tres meses pero que en la práctica, según explicó la consejera, se dan situaciones que llegan hasta el año. “Mensualmente se reúne una comisión de valoración y se le hace un seguimiento a las familias”, explicó para resaltar que hasta que las familias no reúnen determinados requisitos no pasan al programa de alojamiento alternativo, que tiene una duración máxima de 60 meses y que no se deja a ninguna unidad familiar “desamparada”.
La consejera también negó que no hubiera coordinación entre los distintos programas de Asuntos Sociales, y subrayó que ejemplo de esa coordinación es la cada vez más presencia de beneficiarios del IMIS o del propio programa de alojamiento alternativo en los planes de empleo.
Rabea Mohamed también negó que fuera bueno eliminar como requisito el que las viviendas tuvieran cédula de habitabilidad para ser incluidas en el programa de alquiler “porque es la manera que tenemos de garantizar que esa vivienda está en condiciones para que pueda ser ocupada por una familia”.
