La modificación del Ingreso Mínimo de Inserción Social, IMIS, está a la vuelta de la esquina, y la consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, confía en que los cambios a introducir en el documento “amplíen el abanico” de beneficiarios de esta ayuda mensual de 420 euros.
Según los datos que maneja el área de Asuntos Sociales, desde que se diera luz verde a esta ayuda en diciembre de 2008, han pasado por las dependencias de la consejería un total de 2.600 personas para solicitar información relativa a percibir esta ayuda, pero que, a fecha de hoy, sólo 50 familias la reciben. El motivo que argumenta Pérez es sencillo, la gran mayoría no cumple los requisitos estipulados o no llevan el suficiente tiempo empadronados en nuestra ciudad, otro de los requerimientos necesarios para acceder a las ayudas. Sin embargo, se pueden dar otro tipo de casos, como el de aquellos que rechazan la ayuda al no querer ofrecer a cambio la contraprestación que el beneficiario debe desempeñar. Dicha contraprestación consiste en la participación en un curso de alfabetización, orientación laboral o talleres enfocados a su inserción en el mercado de trabajo. “Muchos han rechazado esta ayuda por no hacer la contraprestación, pero es algo que les beneficia porque les ayuda a formarse para facilitar que encuentre un empleo”, explica Pérez.
También se registra el caso de aquellos que, una vez solicitan información al respecto, y se les solicita la documentación necesaria para acceder a las ayudas “no aparecen más”.
En el mejor de los casos, otro porcentaje de ciudadanos que se informan de los requisitos de las ayudas y, finalmente, no las llevan a trámite, son aquellos que han logrado insertarse en el mercado laboral a través de los planes de empleo.
La modificación del reglamente del IMIS ofrece la posibilidad a las familias que residan con otros familiares de acceder a estas ayudas, a pesar de que los primerso dispongan de algún tipo de ingreso, algo que antes no era posible. Además, otro de los cambios que entrarán en vigor en breve consistirá en la duración de la prestación. Si bien actualmente se percibe la ayuda durante un año y, una vez finalizada, es necesario superar un periodo de carencia de seis meses antes de volver a solicitar la ayuda, ahora el cambio se refleja en que no se aplicará esta suspensión. “Se prorrogará automáticamente hasta dos años mediante los informes sociales pertinente siempre y cuando la situación siga igual”.
