Asescon alerta que aplicar el IRPF al SMI "empobrece" a los españoles

Fue ayer día 10 de febrero cuando Yolanda Díaz anunció que el Gobierno había alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025. La vicepresidenta, junto a los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, firmaron un incremento del 4,4% en el SMI, también para los trabajadores de Ceuta, lo que supone una subida del salario hasta los 1.184 euros en 14 pagas.

Declararon que era una subida que beneficiaría a más de dos millones de españoles. Sin embargo, aunque hasta ahora el salario mínimo no ha tributado en el IRPF, algunos miembros del Gobierno sugirieron que podría ser el momento de empezar a aplicar el impuesto.

Finalmente, ha sido hoy 11 de febrero cuando el Ministerio de Hacienda ha decidido que el salario mínimo pagará IRPF por primera vez tras esta nueva subida.

Hasta el momento, el Ministerio que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero había ajustado el mínimo exento del impuesto sobre la renta en función de los aumentos del SMI, asumiendo el impacto que esto tenía en las finanzas públicas. No obstante, en esta ocasión ha optado por no llevar a cabo dicho ajuste.

El "descontrol dentro del Gobierno"

Ante esta resolución, la Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha señalado que aplicar el IRPF al salario mínimo incide en el empobrecimiento de los españoles y critican el "descontrol dentro del Gobierno de España".

La Asescon alega que esta decisión "conlleva problemas económicos para los españoles con salarios más bajos" y, por tanto, la subida no será tanto para ellos habida cuenta del pago a Hacienda.

Desde la Asociación Española de Consumidores han lamentado el descontrol actual del Gobierno de España con continuos enfrentamientos que afectan de manera importante como en este caso a los consumidores.

Finalmente, subrayan que desde enero se une esta subida fiscal a otras que afectan de manera importante al poder adquisitivo de los consumidores. Entre ellas, destacan la subida del IVA de los alimentos básicos o de la factura eléctrica.