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Había sido presentada por la asociación Conciencia Libre por pagos a Ceuta TV
El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha dictado orden de sobreseimiento y archivo de la querella presentada por la asociación Conciencia Libre contra la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Susana Román, el interventor de la Ciudad, José María Caminero, y el ex consejero de Hacienda y senador por Ceuta, Guillermo Martínez. Este auto es susceptible de recurso y la denuncia hacía referencia al pago de facturas relacionadas con la publicidad en televisión, en concreto a Ceuta TV.
Según ha podido conocer esta redacción, el juez ha entrado en el fondo del asunto y ha establecido que en el caso de Susana Román y del interventor de Fondos, ninguno de los dos tenía competencias en el ejercicio de sus cargos en relación con los hechos denunciados. Y en el caso concreto del senador Guillermo Martínez alude el auto judicial que no cabe remisión de los autos a la Sala II del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado, puesto que no existen indicios de criminalidad.
Hay que recordar que esta denuncia fue presentada por la asociación ‘Conciencia Libre’ a finales del pasado mes de julio y en pocos días, el juez decidió citar como investigados tanto a la consejera Román como al interventor de Fondos, José Caminero. En el caso de Guillermo Martínez, que consejero de Economía y Hacienda, entre julio de 2011 y junio de 2013, dada su condición de aforado y que por tanto no podía ser citado a declarar por el juez, se le invitó a que acudiera en condición de testigo, circunstancia que fue aceptada por el político del Partido Popular.
En concreto, se investigaba si los pagos de publicidad a la empresa editora de Ceuta TV desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó la estimación total del recurso presentado contra una sentencia del Contencioso-Administrativo local por la licencia de emisión en TDT.
Pese a la sentencia, Ceuta TV siguió emitiendo hasta que en 2015, definitivamente, el Gobierno de Vivas le retiró la licencia para emir en la TDT. Pero, desde 2012 hasta 2015, el Ejecutivo no ejecutó la resolución judicial y siguió contratando publicidad por valor de 786.342,82 euros, según la denuncia. El Gobierno, con el presidente al frene, defendió la gestión de los tres implicados e incluso Vivas se mostró convencido de que sus consejeros siempre habían actuado “de manera correcta”.
