Con los votos a favor del Partido Popular y del PSOE y la abstención de UDCE, el pleno de la Asamblea sacó adelante la moción de urgencia propuesta por el Gobierno local para aprobar una operación de tesorería, la solicitud de una póliza de crédito por 33,4 millones de euros que vendría a compensar la minoración de los ingresos por IPSI importaciones y por las labores complementarias de impuestos al tabaco.
El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, justificaba esta propuesta ante la demora de la que catalogó como la “transferencia más importante” en lo relativo a gasto corriente y que para este ejercicio supone un 25% menos de los ingresos a percibir.
Según los informes elaborados desde Tesorería, los 45 millones de euros que deja de percibir la Ciudad Autónoma en concepto de IPSI obligaba a poner en marcha todos los instrumentos del Ejecutivo local para garantizar ya no sólo los salarios de los empleados públicos, sino también el pago a los proveedores. La desviación prevista, que Márquez cifraba enun 50%, “y un retraso mayor que otros años”, por tanto, justificaba para Márquez, la aprobación de esta operación de crédito.
En el turno de intervención del principal líder de la oposición, el líder de UDCE, Mohamed Alí, recriminaba que este retraso en los pagos por parte del Estado puede hacer peligrar el pago de los salarios de los empleados públicos, y agravarlo para el próximo año.
Práctica habitual
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Inmaculada Ramírez, apoyaba la postura del Gobierno al considerarla como una “práctica habitual más que justificada” para hacer frente a los pagos de la Ciudad. Ramírez ya anunciaba la intención de su partido de votar a favor de la propuesta, no así UDCE que se abstuvo en la concertación de esta operación de crédito.
UDCE instaba a agilizar los trámites
Alí instaba al consejero de Hacienda, a tenor de su recién cargo de diputado, a agilizar en Madrid los trámites que retrasen la transferencia de esta partida de cara a evitar que dichas demoras afecten a los salarios de los empleados públicos y a los distribuidores de la Ciudad. Márquez insistía en que ésta será su línea de actuación, la misma que ha llevado durante toda la legislatura y que ha reiterado en varias ocasiones, la última de ellas en agosto ante la Dirección General de Coordinación Financiera.
