El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Los objetivos fundamentales de la norma son asegurar la protección de la dignidad de las personas enfermas que se encuentran en fase terminal o de agonía y garantizar el pleno respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso, ya sea en el ámbito asistencial público o privado, entre otros.
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