La empresa municipal Amgevicesa ha decidido dar marcha atrás con el procedimiento iniciado para, con una oferta de empleo al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), incorporar a 32 vigilantes a su plantilla de los que ha decidido prescindir de inmediato. Un total de 24 vio rescindidos este viernes sus contratos y los otros 8 correrán la misma suerte el próximo lunes, según explicaron fuentes de toda solvencia.
“La sociedad se retrotrae a la situación inicial porque se ha detectado un defecto de forma en la contratación y se ha atendido la reclamación presentada por un sindicato”, indicaron fuentes del Gobierno local después de que el domingo pasado FeSP-UGT mostrase su indignación por los cauces utilizados para la cobertura de puestos “estructurales” en distintos emplazamientos de la Ciudad como “Mercados, cementerios y Centros de Menores”, vacantes que desde el punto de vista de los ugetistas tienen que salir a oferta pública de empleo.
Según todas las fuentes consultadas por El Faro, los trabajadores que habían sido incorporados serán sustituidos por vigilantes de seguridad privada de la misma empresa que ya tiene contratada el organismo autónomo Servicios Tributarios pese a que ello redundará en un esfuerzo más gravoso para la Administración.
Amgevicesa lleva más de dos años enredada en la baremación de las más de 7.000 solicitudes que recibió de otras tantas personas para optar a entrar en las bolsas de empleo que acordó crear para satisfacer sus necesidades puntuales de personal por bajas, vacaciones o encomienda de nuevos servicios.
En la empresa municipal defienden que recurrir a ofertas de empleo al SEPE es “indudablemente legal”, pero los procedimientos utilizados para seguir esa vía no han dejado de generar polémica. La penúltima fue pedir ‘aparcacoches’, un perfil profesional inaudito, para cubrir las plazas de la explanada de Loma Colmenar, cerrada desde la clausura de la frontera por la pandemia.
Sin informe de Intervención ni acuerdo del Consejo de Gobierno
FeSP-UGT advirtió desde el principio que disentía radicalmente del procedimiento utilizado por Amgevicesa para contratar a esos 32 vigilantes recordando que las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad para 2020 “imponen la obligación” de que “todos los actos y acuerdos que supongan incremento del Capítulo I, sea como consecuencia de aumento de retribuciones o de contratación de nuevos empleados, en la administración de la Ciudad y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, habrán de contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno, previo informe de Intervención”.
En los encuentros que los responsables de Amgevicesa han mantenido esta semana con los representantes sindicales los primeros han defendido que el proceso respetaba la legalidad, pero a las primeras de cambio lo han abortado y han optado por devolver al paro a todos los contratados.
La empresa municipal ha visto multiplicarse durante los últimos años tanto su plantilla (que ya cuenta con cerca de 200 trabajadores) como los servicios que le ha encomendado la Administración General de la Ciudad (que se sitúan por encima del medio centenar).
La relación de personal de la sociedad pública empezó este año con un centenar de personal laboral fijo; otros treinta empleados indefinidos no fijos y 64 eventuales.
