He leído con cierto asombro el artículo titulado
“La Ciudad habla de concurso de ideas y ya encargó uno a Luciano Alcalá”, en relación con el Mercado Central, que se publicó en su edición del jueves 22/02/2018.
Desconozco quién le ha facilitado la información al Sr. Aznar y me gustaría puntualizar algunas cosas al respecto.
El 08/04/2016 me notificaron la adjudicación del contrato de redacción de un Anteproyecto de reordenación del Mercado Central de Abastos y, tras una serie de reuniones con los responsables, el presidente Vivas me encargó con fecha 16/05/2016 la elaboración de un informe sobre las distintas alternativas de actuación en el edificio, el cual entregué dos semanas después en el Gabinete de Presidencia y expliqué el contenido de sus 178 páginas a los allí presentes, quedando a la espera de las oportunas instrucciones que nunca llegaron.
El informe de fecha 13/07/2016 suscrito por el arquitecto municipal Javier Arnaiz, donde indicaba la urgente necesidad de contratar un estudio de patología de las instalaciones y estructuras del edificio del Mercado y de los puentes de sus fachadas principal y posterior, motivó la tramitación de un expediente de resolución de mi contrato, dada la imposibilidad de continuarlo por causa imputable a la Administración, cuya incoación me notificaron con fecha 02/08/2016. Dicho informe también sirvió de base a la enmienda que el Grupo Popular presentara en el primer expediente de modificación de créditos de 2016 para dar de baja la partida 622.00.459.0.006, con la que se financiarían las obras del mercado, y destinarla a otros fines.
A dicha notificación, respondí registrando el 08/08/2016 un escrito en el que exponía el trabajo realizado hasta entonces y valoraba el informe entregado, en el cual, además de la exposición descriptiva y gráfica de las cinco soluciones alternativas analizadas, se incluían sendas relaciones depuradas de los concesionarios de puestos del mercado, de los autorizados a ocupar almacenes del sótano con destino a actividades náuticas y de los arrendatarios de locales ubicados a pie de calle y en plantas altas, con los respectivos datos identificativos de todos ellos, a fin de actualizar la información global del inmueble.
A partir de ese momento comenzó una letanía de escritos, recursos y alegaciones hasta que, más de un año después, con fecha 03/10/2017 me notificaron la resolución del contrato adjudicado por decreto de 01/04/2016 del consejero de Fomento, por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, acordando el abono del informe y la indemnización del 3% correspondiente al trabajo que no pude realizar por causa ajena. No obstante, a fecha de hoy, aún no sé cuándo percibiré lo que me corresponde.
Volviendo al artículo de Luis Manuel Aznar, he de aclarar que yo no entregué un proyecto sino el informe que me solicitaron en Presidencia, en cuyas conclusiones manifestaba que la alternativa más avanzada (demolición del edificio y recuperación del Foso de la Almina) era la concordante con el fin último del Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico del Recinto de la Almina: la recuperación y conservación de los vestigios de las antiguas fortificaciones de la ciudad. Tampoco hice ninguna valoración ni recomendé una u otra opción por criterios económicos.
Lo que sí planteé fue la necesidad de un levantamiento topográfico para cualquier actuación que se pretendiera hacer, pues sin los planos del estado actual no se puede trabajar en condiciones. Y en lo que respecta al estudio patológico, a pesar de la urgencia que derivaba del informe del arquitecto municipal, hace ahora veinte meses, parece que aún se sigue posponiendo…