Amnistía Internacional ha vuelto a exigir este miércoles una investigación exhaustiva de la tragedia registrada en la valla fronteriza de Melilla el 24 de junio, sumándose a la denuncia de expertos de Naciones Unidas que esta semana han criticado la "alarmante" falta de rendición de cuentas.
En un comunicado, AI subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y recoge la denuncia de la relatora especial de la ONU contra el racismo que en su última día de mandato, el lunes, emitió un duro comunicado para denunciar la "violencia mortal" en la frontera para impedir la entrada de inmigrantes no blancos.
"La falta de una rendición de cuentas significativa por las muertes y lesiones del 24 de junio hace difícil concluir lo contrario", señalaron los expertos de la ONU.
AI, que se remite también al documental realizado por la BBC en el que se sostiene que la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes africanos murieran en su frontera con Marruecos, insiste en que "el derecho internacional de los derechos humanos exige una investigación exhaustiva, la reparación de las víctimas y sus familias, así como la garantía de no repetición".
Piden que la tragedia de Melilla se aclare en el Congreso
Este mismo miércoles, Unidas Podemos, PP, EH-Bildu y Cs han que se esclarezca en el Congreso la tragedia en la frontera de Melilla con Nador en la que murieron al menos 23 inmigrantes el pasado 24 de junio tras conocerse un reportaje de la BBC que contradice la versión oficial del Ministerio del Interior.
La cadena británica asegura que la Policía española no impidió que decenas de migrantes murieran en la frontera y que la avalancha dejó cuerpos en el lado español, lo que ha sido negado por fuentes de Interior que han respaldado a la Guardia Civil, que actuó "de forma proporcional, ajustada a la legalidad y firme" ante un intento de asalto violento a la integridad territorial de España.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska creen que es "decepcionante y sorprendente" que se hagan acusaciones "de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba" y subrayan que "absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional".
