Un grupo de docentes vinculados a la especialidad de Informática en Ceuta ha solicitado formalmente a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa vigente en el reparto de la carga lectiva.
A través de un comunicado, los afectados han explicado que esta reclamación surge tras detectarse nuevos elementos que podrían alterar la aplicación de los criterios de asignación de vacantes, especialmente en el IES Luis de Camoens, donde ya el pasado mes de septiembre se hicieron públicas denuncias similares.
La queja de los docentes está centrada en la asignación de materias como ‘Medios y Recursos Digitales’ e ‘Inteligencia Artificial I y II’.
Y es que al no estar estas asignaturas vinculadas específicamente a una sola especialidad en la normativa estatal, su adjudicación debe regirse por el artículo 48.4 del Real Decreto 83/1996.
Según lo que han explicado los denunciantes, este artículo establece que la decisión debe tomarse mediante un acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) de cada centro educativo.
Los docentes han añadido en el comunicado que este procedimiento garantiza que las decisiones sean colegiadas, objetivas y transparentes, evitando que la organización de los centros dependa de criterios arbitrarios.
Los afectados han puesto como ejemplo lo sucedido en el IES Luis de Camoens, donde la adscripción de estas materias fue sometida a votación en la CCP hasta en dos ocasiones.
En este sentido, han hecho saber que en ambas instancias, el resultado fue la atribución de las asignaturas al Departamento de Informática, sin que otros departamentos, como el de Tecnología, se postularan como alternativa en ese momento.
A pesar de estos acuerdos alcanzados previamente, la aparición de "nuevos elementos" ha motivado la presentación de nuevas solicitudes ante la administración para evitar que se desvíen de lo pactado.
Los profesionales han subrayado, en concreto, que la asignación debe responder a la competencia departamental y no a las circunstancias individuales del profesorado, especialmente cuando se trata de plazas que serán ocupadas por personal interino.
Ante esta situación, la Dirección General ya ha dado instrucciones a los Servicios de Inspección Educativa para que supervisen el cumplimiento del procedimiento legal en ambas ciudades autónomas. La administración ha confirmado que la petición de los docentes ha sido trasladada a la unidad competente para asegurar una actuación efectiva.
Finalmente, el colectivo docente ha querido recalcar a través de este comunicado que cualquier decisión que se aparte de los criterios de la CCP debe estar debidamente motivada y ser accesible de forma pública.
La transparencia en la gestión educativa es fundamental para asegurar una coherencia organizativa que no perjudique la calidad de la enseñanza de las competencias digitales en la ciudad.
Hay que recordar que a principios de septiembre de año pasado, un colectivo de docentes y aspirantes de la especialidad de Informática en Ceuta presentaron una denuncia formal ante la Dirección Provincial del Ministerio de Educación debido al reparto de las materias de Digitalización, Inteligencia Artificial y Medios y Recursos Digitales en el IES Luis de Camoens.
Según los denunciantes, esta nueva distribución de horas contradecía la normativa estatal y había provocado la pérdida total de vacantes para su especialidad en dicho centro para el curso 2025/2026.
Los docentes fundamentaban su reclamación en el Real Decreto 286/2023, el cual otorga preferencia a la especialidad de Informática sobre la de Tecnología para impartir la asignatura de Digitalización.
De igual forma, recalcaban que en cursos anteriores estas materias siempre fueron gestionadas por el Departamento de Informática, por lo que consideran que la reasignación actual es arbitraria y carece de justificación pedagógica. Esta situación había dejado a los interinos de la lista específica sin plazas, obligándolos a aceptar destinos que no coinciden con sus preferencias.
Ante la falta de apoyo efectivo por parte de las organizaciones sindicales, el colectivo había advertido que, si no recibían una respuesta satisfactoria en el transcurso de los tres meses siguientes, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Su objetivo era que se garantizara el cumplimiento de la ley y se protegieran los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las vacantes docentes. Los afectados insistían en que no buscaban privilegios, sino que se respetara el marco legal que regula la organización de los centros educativos.
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