Aparte, el Gobierno formaliza con la misma empresa otro contrato por 15 días.
La Subdirección General de Administración Financiera del Gobierno de la nación ha adjudicado el servicio de atención sociosanitaria para residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (CETI) para 15 días, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
La empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA se ha hecho con el contrato por un importe de 17.791 euros –con impuestos– y un plazo de ejecución que va del 16 a 31 de julio, es decir, hasta este domingo.
La Administración General del Estado licita este servicio cuando hace un mes adjudicó otro contrato, por el mismo concepto, pero por un tiempo más extenso, en concreto, durante un año. En esta ocasión, de las tres ofertas recibidas, la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social consideró la presentada también por Eulen Servicios Sociosanitarios SA como la más ventajosa por un importe de 446.000 euros.
La asistencia sanitaria que la empresa adjudicataria presta a los residentes ha de ser tanto a nivel preventivo como de promoción de la salud. Para ello los inmigrantes tienen que recibir atención primaria, que a su llegada al CETI debe empezar por la realización y valoración de los test de la tuberculina y VIH. También son sometidos a curas y se les toma las constantes. Entre las actuaciones del personal sanitario también están las pruebas de embarazo, glucemia, talón a los recién nacidos, valoración de analíticas, control de calendario vacunal... y todas las demás funciones que forman parte de la atención primaria, incluida la dispensación de medicamentos, siempre haciendo un uso racional de los mismos. Su coste correrá a cargo de la Administración.
Mientras no se produzca ninguna situación extraordinaria, de la atención sociosanitaria de los inmigrantes se deben encargar 13 profesionales, que en ningún caso deben tener vinculación laboral alguna con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según figura en el pliego de condiciones.
La plantilla que haya aportado la empresa adjudicataria debe contar también con un interprete y traductor que tenga conocimientos avanzados de inglés, francés y árabe. Además de contar con un técnico superior en Integración Social que se encargue de la mediación.
