Cada vez más se tiene consciencia de que una sala judicial no es adecuada para un menor que ha sido objeto de violencia sexual. Al mismo tiempo, cala poco a poco el hecho de evadir la repetición de la declaración. Ambas ideas, pilares que transforman los procedimientos, han sido debatidas en Ceuta este jueves en el V Seminario ‘Agresiones sexuales’.
La Ley orgánica del menor recoge que, lo correcto, es que dé testimonio en un ambiente amigable y que se evite prestarlo en más de una ocasión. La ciudad, al igual que otras zonas de España, ha tomado nota de ello.
Después de una serie de esfuerzos, a nivel local se cuenta con un espacio específico para tratar estas situaciones. El edificio, localizado en la plaza Maestranza, ofrece esas instalaciones pensadas para la comodidad y seguridad del niño o joven.
El equipo que da vida a sus paredes ha sido el encargado de enseñar cómo es la labor que realizan desde que se notifica un suceso de esta índole. Los primeros en hacer una evaluación son los profesionales del departamento de menores. Una vez verificado, se traslada a los expertos de Márgenes y Vínculos.
Formación
“Era necesario esta sede aquí porque no existía ninguna específica. Cada vez la prevalencia del servicio es mayor. Se sabe que cada vez son más los delitos cometidos contra niños y niñas en el marco de la violencia sexual”, ha expuesto Águeda Aguilar, trabajadora social y coordinadora del programa de la fundación.
Las cifras indican que uno de cada cinco chicos recibe este tipo de agresión. “Es preciso que se dé una detección temprana ya que se hace en el ámbito familiar o privado. A través de las formaciones que se brindan desde la entidad, se intenta dotar a los allegados y profesionales tanto de recursos como de conocimientos para localizar de forma precoz un caso y sepan cómo actuar ante el mismo”, ha detallado.
La prestación de la que disponen desde la asociación se fundamenta en una atención integral tanto del afectado como de sus seres queridos, que también sufren el impacto del hecho.
Protocolos
Actualmente aún no se dispone de un protocolo oficial que esté en marcha. Esta guía es imprescindible para que los diferentes agentes involucrados puedan responder de forma idónea. “Están en una especie de borrador, en concreto, en fase de negociación. La intención es que exista uno en el futuro al igual que está implementado en otros rincones del país”, ha advertido. El mismo estaría firmado por los actores principales.
A falta de un texto oficial que haga de faro en el desconocimiento, los miembros de Márgenes y Vínculos imparten charlas o conferencias para resolver dudas. El aprendizaje debe ser efectuado en todos los planos, desde el educativo hasta dentro de los juzgados.
La enseñanza dirigida a este último terreno es vital. “El proceso judicial suele ser muy largo. Son personas en desarrollo. Hay que acompañarlos”, ha asegurado. Es por ello por lo que la prueba preconstituida es fundamental en estos escenarios.
Lenguaje adaptado
Otra de las bases indispensables es la adaptación del lenguaje a uno que se ajuste a la edad de la víctima. Normalmente se cuenta para ello con asesores técnicos que hacen de filtro. Sin embargo, no es un requisito obligatorio, por lo que son los propios empleados de la Justicia los que tienen que ser conscientes de la importancia de acudir a ellos.
La clave no solo se halla en las palabras. La llave que permite sacar adelante un caso de violencia sexual también implica dejarle espacio personal. Lo menos recomendable en estos contextos es hacer numerosas preguntas.
Debe eliminarse de la ecuación sugerir cómo se ha producido el acto. Un ejemplo es comentar si estaba tumbado el niño o si le tocó en un punto concreto. Hacerlo no solo presiona al afectado, también puede confundirlo y contaminar el relato.
Sin contaminación
Una de las razones por las que también se busca hacer una sola declaración válida y consolidada es, precisamente, para evitar que los recuerdos, el bloqueo psicológico o las indicaciones tergiversen la narración original de los hechos.
Aunque sobre el papel parece sencillo, la realidad es que es complejo de efectuar e incluso es habitual toparse con abogados que aprovechan resquicios para darle la vuelta al procedimiento y favorecer al acusado.
Las familias también pueden ejercer influencia en este sentido. El miedo o el sentimiento de culpabilidad lleva a los más cercanos a interrogar a los menores e incluso a grabarlos. Esta práctica, aunque se produce de buena fe, no debe hacerse.
Trabajar en familia
“Nos reunimos normalmente con los padres antes de intervenir con los niños. Tratamos de saber toda la información posible. Cómo ha empezado el tema y si han hablado libremente”, ha expuesto Pilar Ferreiro, psicóloga forense.
Especialmente son las madres las que suelen “obsesionarse” con la recopilación de indicios lo que lleva a invadir la intimidad de los hijos. “Es difícil de contener en muchas ocasiones, pero se hace mucho hincapié en los allegados para que no se lleve a cabo”, ha añadido.
Aunque se evita hacer declarar a la víctima en más de una ocasión existen excepciones. Cuando en el desarrollo de un proceso se descubre un nuevo acto de ataque contra la misma, se procede a hacer otra prueba preconstituida para poder incluirlo en el caso.
La fiscal María Arazuri ha dado cuenta de ella durante el debate dentro de la conferencia. “Si sale algo más, se hace. Va todo junto a no ser que se haya terminado la fase de instrucción”, ha explicado. “Si no se hace, se vulnera su derecho a la defensa”, ha matizado.
