El Ministerio Fiscal ha pedido dos años de prisión para una mujer acusada de un delito de apropiación indebida, frustración en la ejecución y falsedad documental después de que en mayo de 2012 vendieran una vivienda de la que ambas eran copropietarias y C.R. no abonara a su progenitora más que 500 euros de esta transacción, cuando los beneficios por la venta ascendieron a 82.000 euros.
C.R. declaró que su madre accedió a la venta de la vivienda y que, a través de un documento privado, su progenitora le cedía la cantidad total de la venta. Sin embargo, dos años después la denunciante reclamó a su hija el 50% de los beneficios derivados de la venta, a lo que ésta se negó, según declaró en la vista oral, debido a que había invertido los 82.000 euros en la enfermedad que la aqueja.
La denunciante aseguró que fue presionada por su hija para vender la vivienda y que tras llevarse a cabo la transacción la relación entre ambas se hizo cada vez más complicada hasta que la progenitora decidió trasladarse a vivir a una residencia, después de 18 meses de convivir con su hija.
Un perito calígrafo fue citado a la vista oral para determinar la autenticidad de la firma del documento privado suscrito por ambas y que la denunciante negó haber firmado, asegurando que únicamente rubricó la venta del inmueble del que, por otra parte, no llegó a conocer la cantidad obtenida hasta que fue informada por un notario.
El testigo aseguró que la firma no pertenecía a la denunciante después de haber llevado a cabo comparaciones de rúbricas anteriores de esta mujer.
