La representante de ANPE asegura que en Ceuta se producen casos sin denunciar.
La violencia hacia los profesores es una circunstancia rechazada en pleno por la sociedad, aunque una realidad que se sigue produciendo cada año. En el día de ayer una madre que agredió a una profesora en Sevilla ingresó en prisión para cumplir tres años.
Frente a ello, el sindicato ANPE tiene en marcha un servicio llamado ‘El defensor del profesor’ en el que ofrecen apoyo, atención psicológica e incluso jurídica. La responsable del sindicato en Ceuta, Remedios Acosta, aseguró que “la agresión no hay que tolerarla” y condenó totalmente que se produjeran este tipo de situaciones de las que dice que hay “muchas más de las que se denuncian”.
Según la responsable local de ANPE, a ellos les llegan cuatro o cinco casos anualmente de carácter leve, y lamenta que situaciones más graves no se denuncian. “Los profesores son reacios a denunciar mediante la vía que sea estas situaciones, pero deberían hacerlo”, aseguró. Según su propia experiencia, en Ceuta se producen casos de todo tipo, incluidos los de mayor gravedad, pero nadie se atreve a decirlo. Por ello anima a los docentes a acudir al servicio que ellos tienen en marcha, ya que se les asegura total confidencialidad y su completo anonimato. “Muchas veces hay miedo porque se creen que sus nombres van a salir a la luz, pero deben saber que no será así”, afirma Acosta.
Para la profesora hay varios puntos que son fundamentales. Uno de ellos sería el reconocimiento del profesor como figura de autoridad, ya que “si no se reconoce esta autoridad no se podrá seguir dando clases”. Ella cree que ahora mismo son los alumnos quienes tienen “la sartén por el mango” y opina que esta posición no es nada beneficiosa para el sistema de enseñanza. “Actualmente estamos desprotegidos y hace falta que el profesor se sienta respaldado en el aula con los alumnos y fuera con los padres”, apostilló Acosta. Para ello apuntó a un segundo elemento que sería fundamental para mejorar el trabajo de los profesores: la redacción de un Estatuto de la Función Docente. En él debería recogerse la posición de autoridad de los profesores, lo cual supondría una protección especial frente a situaciones comprometidas.
Paralelamente, el Ministerio se comprometió a establecer en Ceuta un servicio jurídico a disposición del profesorado. Según fuentes cercanas, las operaciones para ponerlo en marcha ya han comenzado y en no demasiado tiempo podría haber una persona en Ceuta que se encargara de canalizar y responder a las labores de asesoramiento jurídico, lo que supondría un paso más hacia el empoderamiento del docente.
