Lo que hace un tiempo fuera objeto de polémica por la
eliminación del reparto físico de la correspondencia, incluidas las facturas de los abonados, ha salido a licitación el pasado 9 de agosto por un importe de 35.000 euros más impuestos.
Según la sentencia número 93/2018 del
Juzgado de 1 Instancia e Instrucción número 5 de Ceuta, se indicaba el cese de la práctica consistente en dejar de enviar las facturas por sus servicios en papel a los abonados, y sus sustitución, sin previo consentimiento de los consumidores afectados, por una factura electrónica. De este modo, la empresa municipal
Acemsa, y con motivo del cumplimiento de la mencionada sentencia, ha hecho pública la contratación del servicio de correspondencia a los abonados, puesto que, actualmente, según indica la misma, carece del personal necesario para cubrir el servicio reclamado. El objeto del mismo será la correpsondencia ordinaria de le empresa para dar cumplimiento a esa sentencia, en la que obliga a la sociedad a enviar la factura a los abonados en papel y por correo ordinario. El servicio de mensajería deberá incluir en el reparto tanto las cartas de los avisos de pago, como las misivas urgentes y ordinarias así como las notificaciones que resulten con acuse de recibo.
Para la contratación de este servicio, Acemsa cuenta con un presupuesto inicial de 35.000 euros, en el que la duración del contrato se regirá por el agotamiento de la partida, en la que se incluyen, de forma pormenorizada, el coste base de cada tipo de envío.
En cualquier caso, el adjudicatario junto con la empresa municipal realizarán el plan adecuado para la encesaria organización del trabajo en el que se especifique, de forma previa la disponbilidad y frecuencia con la que se realizará este trabajo de mensajería de cuya contratación se han publicado ya las bases, cuyo proceso de licitación tiene carácter abierto simplificado y tramitación ordinaria y plazo de presentación de ofertas vence el próximo 27 de agosto.
Una decisión polémica
En 2017, Aguas de Ceuta decidió dejar de enviar las facturas en soporte impreso en “aras de la sostenibilidad y para agilizar y facilitar los trámites”, salvo que el abonado manifestara de forma expresa su deseo de continuar recibiéndola en el formato tradicional de papel. Sin embargo, la sentencia que viene incluso reflejada en la propia licitación, consideró esta medida abusiva y, por tanto, ilícita al ser sustituida por un formato electrónico sin expreso y previo consentimiento por parte de los consumidores afectados. Esta misma sentencia planteaba una multa diaria si la empresa no acataba la resolución judicial