El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aprobado un aumento de un 8 por ciento en la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 en el llamado territorio ministerio: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.
Este aumento supone una mejora en los baremos que se utilizan para calcular la compensación económica que perciben estos abogados y procuradores por su labor en defensa de quienes no pueden costearse un abogado o procurador.
El acuerdo contó con la participación del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que valoró positivamente el paso dado por el Ministerio tras años de estancamiento.
Según ha informado el departamento dirigido por Bolaños, "el objetivo es actualizar la retribución de los profesionales del turno de oficio y, a la vez, dar un paso más en el compromiso del ministerio de mejorar la prestación del servicio público de justicia a las personas con menos recursos".
Además, ha indicado que "el ministerio se compromete a seguir adoptando todas las medidas a su alcance para mejorar este servicio y a hacerlo contando con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, con quien mantiene una interlocución constante".
Los abogados ven un "primer paso en la actualización"
En otro comunicado, el Consejo General de la Abogacía Española ha valorado como "positivo" dicho aumento al considerar que "supone un primer paso muy importante en la actualización de las cuantías".
Ha señalado como "especialmente valioso" que "se haya conseguido dar un firme paso adelante en una negociación que se ha extendido durante más de seis años, y que el ministerio haya mostrado su voluntad de que éste sea el comienzo de un diálogo ininterrumpido para acordar lo antes posible nuevas subidas de las retribuciones en este mismo año, así como la inclusión de nuevas actuaciones".
La institución confía en que esta mejora sea el comienzo de una senda de aumentos progresivos que reconozcan adecuadamente el papel de estos profesionales en la administración de justicia.
Salvador González subrayó que la implicación directa del Ministerio en este proceso es una señal positiva: “Es muy relevante que el departamento que dirige Félix Bolaños tenga como interlocutor de referencia a la abogacía en los trabajos de redacción de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita”. En su opinión, la visión de la profesión es “indispensable para renovar un modelo de justicia gratuita que debe estar a la altura de los retos del presente y del futuro”.
El anuncio del Ministerio llega en un contexto en el que los propios profesionales han denunciado reiteradamente la falta de reconocimiento y de compensación adecuada.
El aumento del 8 por ciento en las retribuciones del turno de oficio puede no ser aún suficiente para resolver todos los problemas que aquejan al sistema, pero representa, según el Consejo de la Abogacía, un avance concreto tras años de inmovilismo.
Nueva ley de asistencia jurídica
En paralelo a este aumento, el Ministerio continúa con la tramitación de la nueva ley que regulará la asistencia jurídica gratuita. La norma, que ya superó el periodo de consulta pública en julio de 2024, incorporará cambios sustanciales. Entre ellos, se destaca la actualización de los criterios de “insuficiencia de recursos” para acceder a este derecho, el reconocimiento automático del derecho a justicia gratuita para víctimas de violencia de género y violencia sexual, sin tener en cuenta su situación económica, y la posibilidad de que personas jurídicas accedan a este servicio bajo ciertos requisitos.
El Gobierno enmarca esta iniciativa en el proceso de transformación de la justicia que está impulsando durante la legislatura. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la digitalización del sistema, la modernización de infraestructuras, el aumento de plazas para jueces y fiscales, y el blindaje de becas para el acceso a los principales cuerpos judiciales.
Además, desde diciembre de 2024 está en vigor la ley orgánica del derecho de defensa, que introduce un procedimiento de amparo colegial para ofrecer mayor protección a los abogados en el ejercicio de su labor, así como criterios orientativos para la tasación de costas, algo especialmente relevante para los casos de justicia gratuita.
De cara a este 2025, también está prevista la implementación de la ley de eficiencia organizativa, que plantea la creación de los tribunales de instancia como eje de una reorganización judicial más ágil y moderna. Según González, “una mejor justicia es más y mejor democracia para todos”, y por ello la abogacía está decidida a “hacer todo lo que esté en su mano para que esta vez la transformación sea un éxito”.
Se lo pagaran?