La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha expresado su “honda preocupación” por el cese del abogado del Estado que ejercía como representante de la Abogacía del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, al entender que la decisión se habría producido después de que este manifestara objeciones jurídicas a la cesión de terrenos portuarios para la instalación de un asentamiento destinado a inmigrantes llegados a Ceuta durante las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio.
En un comunicado difundido este miércoles, la asociación sostiene que el letrado expresó reparos legales sobre una actuación que afectaba a espacios que, según indica la propia entidad, habían sido calificados en informes técnicos como “infraestructura crítica”.
No obstante, subraya que el abogado del Estado no votó en contra de la propuesta, sino que finalmente apoyó la decisión siguiendo las instrucciones recibidas.
La organización considera especialmente grave que el cese se haya producido, según su interpretación, por la opinión jurídica emitida durante el ejercicio de sus funciones asesoras y no por un incumplimiento de las directrices recibidas.
Defensa de la independencia jurídica
La asociación recuerda que la función de los abogados del Estado consiste en asesorar a la Administración con arreglo a la legalidad y al criterio técnico-jurídico, incluso cuando sus informes o consideraciones puedan resultar incómodos para los responsables políticos o administrativos.
En este sentido, ha defendido que la independencia de criterio no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía para el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y para la preservación del Estado de Derecho.
Asimismo, ha advertido de que sancionar o apartar a un funcionario por emitir una opinión jurídica fundada podría generar un precedente que, a su juicio, comprometería la libertad de criterio necesaria para el desempeño de estas funciones.
Puente lo destituyó tras votar en contra de campamento
El Ministerio de Transportes destituyó hace apenas una semana, el pasado 9 de septiembre, a Alejandro Geronico, abogado del Estado que representaba a Puertos del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta. El relevo se produjo después de que expresara reparos técnicos y jurídicos a la instalación del campamento para inmigrantes en el muelle de Poniente.
Geronico había manifestado durante el Consejo sus dudas sobre la idoneidad de ubicar allí el asentamiento, a partir de los informes técnicos que advertían de que la zona estaba considerada infraestructura crítica y podía estar expuesta a riesgos de seguridad. Pese a expresar esas discrepancias, finalmente votó a favor de la cesión de los terrenos, según consta en la información publicada sobre la reunión.
La propuesta de cesión fue finalmente rechazada por 11 votos frente a cuatro, aunque posteriormente el Ministerio de Transportes tomó el control de las parcelas. La destitución de Geronico, conocida públicamente este martes, ha provocado además la reacción de la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, que denunció que el letrado hubiera sido apartado después de ejercer su criterio jurídico.
Solicitud de explicaciones
Entre las medidas acordadas por su Junta de Gobierno, la asociación ha mostrado su respaldo al abogado del Estado cesado y ha puesto a su disposición apoyo institucional y jurídico.
Además, reclama a los responsables ministeriales una explicación pública sobre los motivos de la destitución, pide el respeto a la independencia profesional de los abogados del Estado y anima a los miembros del cuerpo a no permanecer en silencio ante situaciones que puedan afectar al ejercicio libre de su criterio jurídico.
El comunicado concluye señalando que la Abogacía del Estado “existe para servir a la legalidad” y que la defensa de su independencia constituye, en opinión de la asociación, una garantía institucional que trasciende a los distintos gobiernos y opciones políticas.
Es una canallada contra el y solo por decir la verdad, en España últimamente al que miente le aplauden y al que dice la verdad, como en esta caso le destituyen. PSOE kaka.
Cesan a un abogado del Estado, que debe ser imparcial, por no pensar igual que un ministro?? No me parece bien que el PSOE eche a cada persona que piense distinto a ellos porque cada persona tiene que tener un criterio. A este paso se van a quedar sólo con los 4 o 5 pelotas de turno
Dictadura pura y dura la de ese ministrillo, como la de su amo.
Muy bien por los abogados, Puente, como su jefe, se creen que pueden actuar a su antojo. Los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos y mirar por sus intereses. Qué reajuste tan enorme tiene que hacer el PSOE para salir del fango que han creado a su alrededor.