El presidente de la Ciudad manifestó ayer con acierto en el fondo y en las formas, sin estridencias, su preocupación por el alcance de los últimos acuerdos cerrados por el PSOE con Junts per Catalunya para conseguir la abstención de los diputados independentistas en la crucial votación sobre los derechos de las medidas anticrisis, ‘ómnibus’ y sobre la reforma del subsidio por desempleo, que decayó igualmente por el rechazo de Podemos.
La delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat genera especial inquietud justificada en la ciudad autónoma porque se trata de un ámbito que debe formar parte de las políticas de Estado que garanticen una unidad de acción incardinada, a su vez, en el marco de las directrices que emanan de la Unión Europea.
Mientras, por un lado, el Ejecutivo de Sánchez dice apostar por reducir el margen de voluntariedad a la hora de que las autonomías cooperen con las más afectadas por el fenómeno migratorio, sobre todo en derivadas como la acogida de menores no acompañados, se parece abrir la puerta a algunas regiones tomar un camino al margen del resto.
A expensas de que se conozca el contenido de la ley que deberá aprobarse en las Cortes para hacer posible esa transferencia, los socialistas deben aclarar a qué compromisos han llegado y cuáles serán sus consecuencias para el resto del país. Cuando más tarden en hacerlo, más aumentará el recelo a que se quiebren principios básicos recogidos en la Constitución como los de igualdad y solidaridad.
Los acuerdos entre partidos son legítimos, pero no deben vulnerar por intereses particulares y coyunturales los cimientos de la arquitectura institucional del país, que no puede estar a expensas de cuánto se tensione la negociación de cada votación en el Parlamento.
