La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado en una sentencia el rechazo de la concesión de la nacionalidad española a un ciudadano marroquí, basándose en un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que sospecha que el solicitante ha colaborado con los servicios de inteligencia marroquíes desde 1999.
En su decisión del pasado 9 de octubre, el juez señaló que el solicitante no niega los hechos y reconoce haber trabajado con los servicios de inteligencia marroquíes durante casi un cuarto de siglo. A raíz de ello, el juez decidió negarle la nacionalidad española por razones de "seguridad nacional", confirmando una decisión previa emitida en noviembre de 2020.
Con este caso, son ya siete los marroquíes que, desde 2013, la justicia les ha denegado la nacionalidad por motivos de “orden público o interés nacional” al existir informes del Centro Nacional de Inteligrencia en los que se alerta de que estos trabajaban o colaboraban para el espionaje de su país de origen.
Pese a haberse instruido “favorablemente la primera fase del procedimiento”, finalmente la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, denegó la solicitud en noviembre de 2020 por “motivos de orden público o interés nacional” ante la sospecha del CNI de que prestaba “colaboración con servicios de inteligencia extranjeros”.
La Justicia solicitó un informe al CNI, en el que se aportaban datos concretos sobre la actividad de esta persona. Por su parte, el acusado simplemente argumentó que el CNI se había “equivocado de persona”, además de ofrecerse a aportar “documentación proveniente de las autoridades judiciales y policiales marroquíes donde se hiciera constar la inexistencia de antecedentes policiales de carácter desfavorable”.
La novedad es que el fallo conocido ahora destapa que el país vecino ha llegado a desplegar en España agentes que llevan trabajando para la inteligencia de Rabat ininterrumpidamente desde hace 24 años.
