La Ciudad Autónoma mantiene una relación de especial dependencia con la Administración General del Estado que no debe ser motivo de sonrojo, pues está del todo justificada en las múltiples singularidades y condicionantes que se dan en Ceuta, pero que sí obliga al Ejecutivo regional a ser especialmente cuidadoso a la hora de apartar el interés partidista de la relación entre instituciones.
Es por ello que el Gobierno de Vivas hace bien al abrir su relación con el nuevo equipo de Pedro Sánchez dejando claras las dos premisas desde las que proyectará su comportamiento: desde la “lealtad institucional” en todos los grandes temas y objetivos comunes que se planteen, programados o no, y desde la “exigencia” para instar al Estado a cumplir sus compromisos y sus obligaciones a la hora de garantizar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad en todo el territorio nacional.
Desde el primer posicionamiento el Ejecutivo local supo gestionar con el central durante la pasada legislatura contratiempos tan graves como la pandemia o la crisis migratoria de mayo de 2021. La perspectiva debe ser la misma a corto, medio y largo plazo, pues muchas de las capacidades que en momentos de zozobra puede necesitar Ceuta están en manos del Gobierno central.
Esa disposición a la cooperación leal no es óbice para que la Ciudad sea “exigente”, incluso más de lo que lo ha sido durante los últimos cuatro años, para reclamar al Ejecutivo de la Nación que implemente el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico en tiempo y forma, para que active la gestión ante la UE de las reivindicaciones locales, para que mejore la prestación de servicios básicos (Educación, Sanidad...) y muchos otros retos pendientes.
