El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho durante los últimos años un esfuerzo para la apertura de aulas especializadas en los centros educativos con el fin de avanzar hacia un modelo más inclusivo con el alumnado con necesidades especiales, pero no es suficiente. La reivindicación de poner en marcha un aula para estudiantes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en cada uno no ha sido atendida y el problema histórico con el personal laboral no ha sido resuelto a pesar del incremento constante del cupo docente.
El caso del pequeño de 6 años expulsado tres días por motivos disciplinarios a esa edad de un colegio público de la ciudad es la prueba fehaciente de que la Administración General del Estado debe atender las necesidades existentes con más decisión y no ampararse en motivos burocráticos como las trabas que ponga el de Función Pública.
Que un niño en primero de Primaria no haya sido evaluado y valorado todavía cuando las clases comenzaron hace más de un mes es un lunar difícil de justificar cuando los padres alertaron de su discapacidad y su comportamiento disruptivo ha sido más que patente desde que comenzó la actividad lectiva. Urge que se concreten los recursos materiales y humanos necesarios para atender este tipo de problemáticas de manera eficaz sin enviar al alumno a su casa como única respuesta y que, una vez definidas, se exija al MEPF con consenso su dotación.
