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Entre las opciones se descarta, por ilegal, dar más dinero a Trace y no se afea municipalizar la prestación
La protección de los trabajadores como máxima es algo que tiene claro la Ciudad. “Nuestra lucha y nuestra intención es que no se toque a la plantilla”, advirtió el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, en ese escenario de posibles que envuelve al servicio de limpieza viaria.
No hay nada claro, advierten por un lado, pero la protección laboral es la clave, sentencian por otro. Mientras, las reuniones se siguen llevando a cabo, tanto en Ceuta como en la península, con personal de Trace para aclarar qué tipo de explotación se va a realizar. Así también ha trascendido que los propios directivos de la empresa han trasladado a los trabajadores que habrá cambios y que, por su parte, quieren que ningún trabajador se vea afectado.
A ojos de la Ciudad, todas las conversaciones se llevan a cabo sin problemática alguna. De hecho el propio Hachuel aclaró ayer que Trace no siente estos posibles cambios como una interpretación de que ha fracasado en el intento, señalando que, por ejemplo, ha sido importante la pérdida de una inyección económica mayor para poder explotar el servicio en las mismas condiciones que lo hacía la anterior adjudicataria. Son ahora los técnicos los que, escuchando a las partes, están estudiando todas las alternativas posibles para ofrecer un servicio mejor. Sí que Hachuel dijo ayer que la decisión de dar un paso adelante, de promover un giro en la política que se estaba llevando a cabo en materia de limpieza, partió de la propia Ciudad. “El tema nos ocupa y nos preocupa”, advirtió, a tenor de los peores resultados que se están alcanzando en esta materia.
El asunto “preocupa”, dice Hachuel. Tanto que hasta directivos de Trace se trasladaron a Fuengirola para mantener una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en plenas vacaciones de este. Y todo esto “por las buenas”, insisten, sin necesidad de lenguajes agresivas ni plantes mediáticos.
Lo que está claro es que un cambio se va a dar y parece que este tendrá mucho que ver con las encomiendas a Tragsa y el marco de legalidad que pueda establecerse a la hora de que sea esta empresa la que asuma algunas de las acciones. Trace cuenta ahora prácticamente con la mitad de la plantilla que tenía Urbaser y los servicios ofrecidos no dan los resultados que la propia empresa había comprometido.
Tampoco se descarta otras alternativas como la de la municipalización de la prestación, algo que ya deslizó Caballas, aunque nada queda claro todavía. Lo que sí se rechaza es dar más dinero a Trace porque esto sería ilegal, debido a que hace un par de años se aprobó el techo máximo legal de incremento, cifrados en un 10%.
Precisamente el miércoles el líder de los localistas, Mohamed Alí, incidió que “todo lo que se refiere al tema de la limpieza y la basura en Ceuta ha sido irregular desde el principio” y tildó de “descabellado” el plan del PP. “No sabemos si se ha contado con la plantilla, si se va a subrogar y cómo, si la rescisión como la plantea el Gobierno es la solución, por qué no hay expedientes sancionadores a Trace que justifiquen la extinción del contrato...”, expuso algunos de los “muchos interrogantes” que tiene la coalición. Caballas va a pedir “una auditoría de la gestión del servicio de limpieza pública para ver si se ha cumplido el Pliego, que estamos convencidos de que no, y para identificar los 'puntos negros' existentes para, desde el rigor y la reflexión, depurar responsabilidades políticas y adoptar medidas que respeten la ley, no menoscaben los derechos de la plantilla y nos garanticen una ciudad limpia”.
Del malestar en la calle a la búsqueda de soluciones y las multas
Ceuta está más sucia. La Ciudad quiere terminar con lo que es algo más que una sensación, a sabiendas del daño político que esto puede hacerle. Saben que Trace es incapaz, con la fórmula actual, de mejorar esta imagen porque hasta la fecha no ha conseguido eliminar los puntos negros repartidos por la ciudad. Por eso se ha dado el paso de un cambio, aprovechando las encomiendas a Tragsa y ordenando que se haga un estudio de los mecanismos legales de los que puede echar mano la Ciudad para que estas encomiendas puedan servir en materia de limpieza. Una medida que ya causó enojo e incluso motivó las primeras denuncias políticas e incluso judiciales por la intromisión de esta entidad pública en labores abonadas ya a otros trabajadores. En esa búsqueda del cambio trabajan los técnicos, pero también se ha encomendado al área de Gobernación que haga un especial énfasis en perseguir al incívico, porque muchos de los orígenes de esta situación radican en la actitud poco ejemplar de ciudadanos.
Los escombros arrojados a zonas que ya se habían limpiado, las heces de los perros, las basuras arrojadas a la vía pública a pesar de que haya contenedores y papeleras. La Policía hará un mayor control para que, en forma de sanción económica, se eliminen determinados comportamientos que no han sido erradicados.
En otra pata de esta problemática asoma el tema económico, ya que la separación puede ser “de mutuo acuerdo”, siempre y cuando informes técnicos avalen que no puede achacarse a la contratista y sí a una confección deficiente de los Pliegos, por ejemplo, o por “incumplimiento culpable” de esta. Seguir un camino contrario supone penalización.
