La Ciudad Autónoma y la Dirección Territorial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tuvieron ayer un encontronazo sobre el presupuesto de los próximos Planes de Empleo, que se reducirá en unos 700.000 euros desde los 11,6 millones de euros que alcanzó en su última edición para permitir la contratación de algo más de 600 desempleados durante 8 o 9 meses, según el programa.
Según el SEPE, la variación debe ser vista en su contexto global dentro de las políticas activas de empleo que impulsa en conjunto la Administración General del Estado, ya que la cuantía que se va a dedicar a talleres de empleo se doblará, de 3,6 a 7 millones.
El Gobierno central defiende su apuesta por programas de inserción laboral que compaginen la formación en alternancia con el empleo, que ciertamente parece una vía más sólida para lograr que los beneficiarios consigan encontrar por sus propios medios un puesto de trabajo.
En general, tanto una institución como otra y con cualquier color político en La Moncloa, la evaluación de los Planes de Empleo ha sido nula o absolutamente falta de transparencia. Si se hubiera hecho un análisis y un seguimiento de los contratados se podría saber qué porcentaje ha logrado insertarse laboralmente una vez finalizados los programas, que tienen una vertiente social muy importante, pero que deben incidir en la capacitación para aspirar a un horizonte laboral más claro.
La Ciudad Autónoma y la Delegación no deben perderse en disputas de tinte partidista, sino seguir colaborando para conseguir la mayor eficacia posible de las políticas públicas. La primera tiene razón en demandar que no se pierda “ni un euro” para políticas activas de empleo y la segunda puede tenerla en que hace falta reenfocarlas.
