Apenas tres meses después de abrir las puertas de la antigua sede del Banco de España como sede judicial, el Ministerio de Justicia se ha visto obligado a hacer obras de reforma y reparación de humedades en sus bajos para reemplazar la solería por hormigón armado y reparar bajantes y generaban filtraciones con riesgo para los archivos.
La administración debe ser estricta con el cumplimiento de las garantías de las obras que encarga en lo que a certificar que el resultado final es el que se esperaba, más cuando los fallos se revelan en tan breve espacio de tiempo.
Más allá de eso, el ministerio prevé completar en el plazo de aproximadamente un mes el traslado del Registro Civil a la plaza España, una necesidad que se ha agudizado después de los asaltos registrados hace menos de dos semanas en Maestranza, unas dependencias que se pretende abandonar cuanto antes para posteriormente acometer el traslado de sus archivos y completar este capítulo de la reorganización de las instalaciones de Justicia.
La obra del Banco de España generó unas expectativas que han tardado muchos años en cumplirse y solo parcialmente, pues todavía son muchas las incógnitas que persisten sobre qué instancias judiciales acabarán finalmente en ese edificio y cuáles continuarán donde se encuentran ahora aunque su estado esté muy lejos no ya de considerarse ideal, sino ni siquiera aceptable.
El desarrollo del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico del Estado debería dar una solución definitiva a este problema. El documento anuncia que, a largo plazo, “el objetivo es centralizar todas las infraestructuras en una Ciudad de la Justicia”, pero esta promesa no puede eternizarse como lo hizo la del Banco de España, que al final se ha mostrado claramente insuficiente para lo pretendido.
