La Ciudad Autónoma, que tuvo que hacerse cargo en mayo de 2021 de más de un millar de menores extranjeros no acompañados después de la crisis migratoria de los días 17 y 18, ha logrado en dos años dejar el número de niños migrantes solos que tutela en 137, la mitad que hace doce meses.
Esa evolución es el resultado, por un lado, del cambio en la política de gestión fronteriza, que ha permitido acabar con el goteo constante de jóvenes que llegaban a la ciudad aprovechando la permeabilidad de los controles establecidos en el Tarajal.
También del buen trabajo del Área de Menores y de la consejería competente, ahora en manos de Alberto Gaitán, y el resto del Ejecutivo local, que ha sabido encontrar la cooperación y complicidad del Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas para responder a la emergencia de 2021 primero y para agilizar la derivación a otras regiones de los casos con perfiles más vulnerables.
Ahora que la Ciudad se encuentra cerca del máximo de su capacidad de acogida fijado el año pasado en la Comisión de Infancia, la administración local debe dar otro paso adelante en el ejercicio de unas competencias que en materia de infraestructuras siempre han pecado de un exceso de improvisación obligado en parte por el gran incremento de la presión migratoria infantojuvenil procedente del país vecino registrado a partir de 2018.
Todos los partidos deben ponerse de acuerdo sobre la necesidad de construir el nuevo centro que va a financiar la UE y sobre el espacio en el que va a levantarse, sin someter a unas incógnitas lo que debe ser un proyecto de ciudad para un ámbito especialmente sensible.
