En pleno siglo XXI, con un Gobierno que dice tener los mejores medios para garantizar el funcionamiento de las áreas bajo su competencia, resulta que se tiene que suspender un juicio por fallos técnicos. Un juicio tras el cual hay un trabajo a contrarreloj de los funcionarios de Justicia y un empeño de todos para que salga adelante al tratarse de una causa con presos. Un juicio que provoca un uso de recursos policiales extraordinario ya que los acusados son personas señaladas como peligrosas y con riesgo de huida. Todo ese esfuerzo queda en evidencia porque los medios técnicos no están a la altura.

Ocurrió ayer cuando a la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 1 no le quedó otra que suspender una vista judicial sin saber fecha de continuación al no poderse garantizar la protección de un testigo clave porque el distorsionador de voz del que se dispone sencillamente no sirve. Las manifestaciones no podían entenderse y no había medios alternativos que garantizaran no ser identificado, con el esfuerzo que supone el contar con alguien dispuesto a declarar sobre unos hechos enmarcados en uno de los momentos de mayor presión delincuencial en el Príncipe que dio pie a la Operación Plomo. En pleno siglo XXI la justicia de Ceuta no dispone de medios alternativos ni sistemas que garanticen calidad, como fue este caso. Hay más precedentes: juicios que tienen que repetirse por fallos en grabaciones, otros que se suspenden por problemas con las videoconferencias…

Estas situaciones han sido denunciadas e incluso expuestas por órganos como el TSJA. El Gobierno central no puede tener al territorio bajo su competencia sin medios y recursos suficientes, no se puede permitir la mayor tragedia judicial como la que supone una suspensión cuando se ha hecho un esfuerzo titánico para sacar el trabajo adelante.

Ni es serio ni se puede permitir.