El líder de Caballas, Mohamed Ali, ratificó ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta la denuncia que formalizó el pasado lunes contra Tragsa por la contratación de 60 peones sin publicidad ni concurrencia pública, procedimiento con el que a juicio de la coalición se pudo haber cometido un delito de prevaricación administrativa. El Juzgado debe valorar ahora si es competente para instruir a denuncia por su alcance y su turno de guardia o si debe derivarlo a otro. Para Caballas, “el indubitado carácter público estatal de la empresa le obliga al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en materia de recursos humanos", en concreto a darle "publicidad" a sus convocatorias de empleo y a sus bases; "transparencia" e "imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección". El Convenio Colectivo de Tragsa también estipula que “el personal será contratado previa convocatoria y proceso de selección de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad” estableciendo previamente “el ámbito territorial, los criterios de baremación y los requisitos de los aspirantes”. "Tragsa", resume la denuncia, "para la ejecución de la referida encomienda y de conformidad con el pliego de condiciones técnicas que la sustenta, ha contratado a 60 personas sin que haya existido convocatoria pública a tal efecto y sin proceso de selección conocido". La coalición pide que se "ordenen las actuaciones pertinentes contra la empresa para depurar las responsabilidades penales que se pudieran derivar de los hechos relatados".
