Es un hecho constatado, que la mayoría de los países europeos occidentales depositan sus bases y principios morales sobre unos cimientos asentados sobre la fe cristiana. Es sumamente complicado desligar la historia, filosofía, usos sociales, e incluso leyes de nuestro continente y más concretamente de nuestro país, de un pasado, marcado a veces, por un extremismo religioso exacerbado que inundaba las instituciones y todos los estratos sociales.

Fingir u obviar que buena parte de los principios éticos, en los que basamos nuestros juicios de valor y en los que nos apoyamos para tomar decisiones a diario, no derivan de manera directa del cristianismo es un error. Pero, que parte de nuestra forma de ver el mundo y las circunstancias de la sociedad en la que vivimos esté influenciada por la religión, no debe justificar la inclusión de esta en las aulas de escuelas e institutos, en lo que se aleje de una perspectiva histórica y objetiva en aras de un enfoque dogmático (indiscutible).

El porqué es sencillo, al menos a nivel conceptual. Es imposible compatibilizar la idea de una educación igualitaria e inclusiva, si se añaden con calzador asignaturas claramente orientadas hacia un sector muy concreto del alumnado, que además obvian, sino niegan, principios básicos aceptados e impartidos por otras materias con las que comparten programa educativo, así como pilares fundamentales de otras opciones religiosas.

La elección relativa a las creencias religiosas de los ciudadanos es personal, así lo manifiesta la Constitución en su artículo 16, en el que recoge la libertad religiosa y de culto, así como la aconfesionalidad del Estado. Libertad que comprende tanto la posibilidad de profesar una fe, como la de no hacerlo. Este derecho fundamental se ve lesionado desde el momento en el que, en los centros educativos públicos, disponibles para la totalidad de la ciudadanía, se oferta la asignatura de religión, tradicional y generalmente centrada en el catolicismo.

Religión que, pese a ser mayoritaria en nuestro país, no es la única que se profesa, generando no solo una desigualdad evidente, sino una discriminación de facto, entre alumnos que podrán estudiar y dedicar una o dos horas lectivas semanales a sus creencias, y los que tendrán que resignarse a escoger una alternativa pobre en cuanto a la programación y cobertura por parte de su centro educativo.

El debate relativo a la hipotética separación entre los centros educativos y la religión no es nuevo en España. Se llevan contraponiendo posturas en lo tocante a la educación y sus vínculos con la iglesia desde la transición democrática. Pero, dejando a un lado opiniones, hay una verdad objetiva respecto a esta cuestión. España es un país socialmente avanzado y tolerante, hay lugares a lo largo y ancho del territorio nacional especialmente ideados para profesar multitud de creencias religiosas.

No existe una necesidad real de llevar la religión a centros educativos, en los que tanto los programas empleados para la enseñanza como los docentes encargados de aplicarlos, están limitados por ley a obviar cualquier opinión personal que se aleje de los conocimientos objetivos recogidos en las distintas materias.