La escasez y carestía de la vivienda en Ceuta es un problema histórico de la ciudad directamente relacionado con sus especificidades, en concreto con su reducida superficie y el hecho de que el Ministerio de Defensa sea el propietario de un tercio de toda la ciudad.
La próxima campaña electoral debe servir para crear consensos básicos y que todos los partidos presenten cuáles son sus propuestas para paliar o resolver un conflicto que repercute muy directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de aquella con recursos escasos o limitados. Las formaciones tendrán durante los próximos años retos y oportunidades en este ámbito como el desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya solo está a expensas de ser aprobado definitivamente por la Administración General del Estado.
El documento prevé generar a lo largo de un mínimo de 8 años las condiciones necesarias para la construcción de 8.158 viviendas, un 48 por ciento protegidas.
Hasta 2030 se extienden también los plazos que se ha dado a sí mismo el Gobierno central para ir desafectando el suelo que actualmente ocupan diferentes acuartelamientos con el mismo propósito.
Las administraciones deben encontrar fórmulas que amparen a propietarios e inquilinos para garantizar sus mutuos derechos e incentivar el mercado del alquiler, así como la construcción de nuevas promociones de viviendas protegidas después de las levantadas en Loma Colmenar.
La última proyectada en esa misma área ha quedado paralizada por problemas ligados al encarecimiento de los materiales que urge resolver cuanto antes para que quienes deseen hacer sus proyectos de vida en la ciudad sepan que podrán tener esa necesidad básica atendida sin convertirse en esclavos de su renta o hipoteca.
