El secretario general confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT), el asturiano Pepe Álvarez, anunció ayer que su sindicato va a realizar un estudio técnico a fondo sobre las consecuencias reales del cambio del régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social vigente hasta ahora en Ceuta y Melilla, un sistema del 50% que el Gobierno central decidió unilateralmente cambiar por una cuota fija de 262 euros al mes.
Desde el principio todas las instituciones, agentes sociales y económicos y partidos políticos se lanzaron en tromba casi unánimemente contra la modificación, que en primer lugar pecó de falta de diálogo y consenso previo.
Álvarez y el líder de la UGT en Ceuta, Juan Carlos Pérez, intentaron poner ayer más cimientos en un debate que, paradójicamente, pese a ser económico, adolece sobre todo de falta de números.
Es inaceptable que todavía no se hayan puesto sobre la mesa datos concretos sobre cuántos trabajadores beneficiados actualmente por las bonificaciones a través de sus empresas se verían perjudicados por el cambio, así como cuántos cotizan por bases inferiores a 1.700 euros mensuales o cuántos lo hacen a tiempo parcial. Uno de los pocos hechos ciertos es que, con el modelo vigente, la bonificación media por beneficiario se sitúa ligeramente por debajo de 150 euros, lo que apunta a la existencia de varios sectores productivos con condiciones de trabajo bastante más precarias de lo que podría pensarse.
El SEPE y la Seguridad Social deben poner a disposición de todos los agentes implicados y el conjunto de la ciudadanía toda la información disponible para abrir un debate con fundamento que conduzca a apoyar la solución más beneficiosa para el interés general y las perspectivas de desarrollo estable y seguro de Ceuta.
