El pasado 20 de diciembre, unos días antes de que el Congreso de los Diputados echase el cierre por vacaciones de Navidad y sus Señorías abandonarán sus escaños durante semanas, asistimos a un nuevo espectáculo de demagogia, cinismo e incoherencia política a los que, lamentablemente, nos vemos obligados a presenciar cada vez más los ciudadanos de nuestro país.
Los diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos estaban convocados para abordar la toma en consideración de una Proposición de Ley para acabar con la violencia en el ámbito sanitario pero lo que menos importó fueron los profesionales y las agresiones físicas y verbales que sufren a diario y lo que más el poder arremeter contra el adversario político y culpabilizarle de cuestiones que no eran objeto del debate parlamentario.
Especialmente llamativo resultó el hecho de que algunos partidos políticos argumentaran su rechazo a la Proposición de Ley afirmando que lo que resultaba necesario para acabar con la lacra de las agresiones era aumentar la financiación sanitaria y, con ello, los medios y recursos existentes, cuando no lo han hecho en aquellas autonomías en las que gobiernan o han gobernado.
Estrategia clásica del manual de cualquier partido político es la de acusar de algo al adversario que ahora está en el gobierno para luego hacer lo mismo cuando cambian las tornas y es su responsabilidad priorizar las inversiones públicas. Una estrategia cortoplacista, chapucera y falaz que pretender tratar al ciudadano como una persona corta de miras y de memoria y que debería provocarles sonrojo y vergüenza.
Poco más de una hora de su preciado tiempo dedicaron sus Señorías para finalmente rechazar la posibilidad de que esta Proposición de Ley siguiese su tramitación parlamentaria y pudiera ser objeto de los cambios y mejoras necesarias en función de las enmiendas parciales que los partidos pudieran presentar en días posteriores.
Un rechazo basado más en razones políticas y partidistas que en un análisis detallado y pormenorizado de una norma cuyo único objetivo es evitar y abordar, de manera integral e igualitaria, las agresiones a enfermeras, fisioterapeutas y al conjunto del personal sanitario cuando desempeñan su labor de atención y cuidados en un hospital, centro de salud o cualquier otro centro sanitario y sociosanitario, incluidos también los domicilios de las personas.
Gracias a sus Señorías, seguiremos, al menos por el momento, sin una Ley estatal que garantice una actuación coordinada, conjunta y eficaz en Ceuta y en el resto del Estado por parte de todas las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas. Una norma que evitaría situaciones de discriminación, desigualdad y arbitrariedad a la hora de abordar las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios, con independencia del lugar geográfico o del centro sanitario, ya sea público o privado, en el que desarrollen su labor.
Gracias a sus Señorías cada servicio de salud, como es el caso del INGESA, continuará actuando de manera individual e independiente para acabar con un problema que, en el caso de las enfermeras y enfermeros, afecta a ocho de cada diez profesionales a lo largo de su trayectoria profesional.
En escasos meses, celebraremos comicios autonómicos y generales y los mismos que han rechazado en la tribuna del Congreso de los Diputados que se apruebe esta Ley contra las agresiones asegurarán en mítines y actos electorales que su partido es el único que defiende a la sanidad y a sus profesionales. Volverán a confiar en que nuestra memoria es corta y que nuestro apoyo no responde a un análisis de su acción, tanto en el gobierno como en la oposición, pero se equivocan.
En este caso, los profesionales sanitarios que hemos visto que se ha perdido una gran oportunidad para mejorar nuestra seguridad laboral no olvidamos y actuaremos en consecuencia. Y lo haremos, como hacemos siempre, pensando en la salud y en el bienestar integral de nuestros pacientes y el conjunto de la ciudadanía.
