La detención ayer a primera hora de la mañana en su casa del médico y político Javier Guerrero por parte de la Guardia Civil tras una investigación todavía bajo secreto de sumario que se ha extendido durante más de medio año convulsionó la ciudad por la figura del arrestado, una persona muy conocida y un profesional muy valorado.
La Justicia es ahora la que debe hablar sobre los presuntos delitos que se le atribuyan y a la que toca escuchar con el debido respeto, como el que también merece salvo que se demuestre lo contrario el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, que ayer se esmeró para evitar que los periodistas captasen cualquier imagen del detenido en su compañía.
Intentar vincular la actuación de los agentes con una forma de respuesta a informaciones que dan pábulo a la existencia de una conspiración política en contra de Guerrero no solamente es descabellado, sino también imposible de encajar en la realidad de los hechos.
Todos los agentes sociales e institucionales y el conjunto de la ciudadanía debe ahora evitar la realización de ningún tipo de juicio paralelo y esperar a que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las diligencias instruidas para conocer primero y en todo caso valorar después lo acontecido.
El exconsejero de Sanidad y líder de Ceuta Avanza tiene derecho, como cualquier otra persona, a la presunción de inocencia. Su salvaguarda debe ser reclamada por todos, pero esa defensa no es carta de naturaleza para censurar el trabajo de la Justicia o las Fuerzas de Seguridad, ni el de los medios que han contado sin denuncia ni reproche alguno los últimos acontecimientos que han marcado parte de la trayectoria pública del detenido por la Benemérita.
