A fuerza de repreguntar, la senadora de Podemos, Maribel Mora, ha conseguido que el Gobierno empiece a mostrar sus cartas en torno al papel de las porteadoras y a cómo son consideradas. Porque a Mora le respondieron en su día lo que quisieron, es decir, nada. Algo habitual en un Gobierno al que le incomoda que le pregunten sobre asuntos en los que, sabe, algo no se está haciendo bien. Así que la senadora preguntó y preguntó hasta que sacó la respuesta que hemos conocido estos días: a ojos del Gobierno, las porteadoras no pueden ser consideradas trabajadores transfronterizas. Es decir, estas miles de mujeres que cruzan a nuestra ciudad para cargar sobre sus espaldas kilos y kilos de mercancía que sostienen un comercio que se etiqueta como atípico son una especie de invisibles, último eslabón de una cadena económica que, en el fondo, no figura en ningún lugar. O, mejor dicho, no figura en lugares respetables y respetados.
La explotación se produce ante nuestros ojos igual que sucediera hace años. Porque en nada hemos mejorado, a pesar de que ahora nos venden eso de que ‘cargan menos’, como si las imágenes que se repiten en el Tarajal fueran por eso más dignas. No. Son iguales de tremendas. Porque llueven los mismos palos, las mismas opresiones y las mismas explotaciones de antes, aunque ahora los bultos obedezcan (o no) a unas medidas que la conciencia colectiva gubernamental ha querido etiquetar como respetables.
El Gobierno dice que estas mujeres son “extranjeros residentes en Marruecos que pasan por la frontera para recoger mercancía y transportarla de vuelta a su país de origen sin realizar una actividad laboral en España”. Por eso no actúa la Inspección de Trabajo aunque incongruentemente seamos testigos de la explotación más bajuno que puede soportarse. “El hecho de que estas personas no puedan ser consideradas como trabajadores por cuenta ajena impide la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de un problema que queda fuera del ámbito del Derecho Laboral y que implicaría una actuación global y coordinada de diferentes Administraciones Públicas a nivel policial, fiscal y aduanero, a efectos de su control”, se excusa el Ejecutivo.
Es sin duda la protección, el blindaje de las administraciones para no tener que responsabilizarse ante unos hechos que indignan a cualquiera pero que son, premeditamente, ocultados con respuestas como la ofrecida. ¿Qué más nos queda?
